Sede del Consejo General del Poder Judicial. / EFE

El presidente y Casado retoman el diálogo sobre el Poder Judicial

La Moncloa habla de un diálogo «constructivo» aunque el PP asegura que sus condiciones siguen en vigor

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

Unas horas después de mantener un duro duelo en el Congreso, Pedro Sánchez se puso este miércoles en contacto Pablo Casado para tratar de desbloquear ya, una vez pasadas las elecciones catalanas, la renovación de varios órganos constitucionales, fundamentalmente, el Consejo General del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya afirmó a finales del año pasado que el acuerdo con los populares para poner fin a la situación de interinidad en la que se encuentran los vocales del órgano de gobierno de los jueces después de dos años está prácticamente hecho, tan solo a la espera de que el principal partido de la oposición encontrara el momento idóneo para anunciarlo.

En el Gobierno dieron a entender entonces que se esperaría a que pasaran las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, ante las que el PP parecía querer evitar cualquier imagen de connivencia con el Ejecutivo, para dar a la negociación el impulso definitivo. Según el comunicado remitido desde la Secretaría de Estado de Comunicación, ahora se vislumbra el entendimiento.

Charla telefónica

El Gobierno apunta en su nota que Sánchez y Casado mantuvieron una «constructiva» conversación telefónica tanto sobre el órgano que preside Carlos Lesmes como sobre el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE, ambos pendientes también de renovación. Además, sobre la mesa está la reforma de la ley electoral para acabar con el voto rogado de los españoles que residen en el exterior.

El PP insiste, en todo caso, en que sus condiciones siguen vigentes. La principal siempre fue que se dejara a Unidas Podemos fuera de la negociación del Poder Judicial y que el PSOE aceptara abordar una reforma para que sean los propios jueces los que elijan su órgano de Gobierno, algo a lo que los populares renunciaron cuando tenían mayoría absoluta a pesar de haberlo llevado en su programa electoral. En su comunicado exigen que se garantice la «neutralidad» de los medios públicos y el consenso sobre la ley electoral.

En paralelo a estas conversaciones que ahora se retomarán, los socialistas mantienen en su cartera dos reformas legales con las que intentan presionar al líder de la oposición. La primera, ya en tramitación, es la que pretende impedir que el Consejo del Poder Judicial pueda seguir haciendo nombramientos expirado su mandato. El PSOE y Podemos acordaron tramitarla por la vía de urgencia y podría estar lista para marzo. La segunda, probablemente nunca verá la luz.

Aunque el Gobierno no ha querido confesar abiertamente que renuncia a rebajar las mayorías para la elección de los vocales por el Congreso y el Senado, de modo que sea prescindible el voto del PP, se ha negado a impulsarla ya pese a la insistente presión de sus socios de coalición. Esa reforma no gusta a muchos ministros socialistas y tampoco a Bruselas, que ya dio a Sánchez un toque de atención.