Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»
Elige a Teresa Peramato, fiscal jefa de lo Penaldel Supremo y experta contra la violencia machista, como relevo de García Ortiz
El Gobierno no va a cejar, al menos discursivamente, en la batalla contra lo que denomina la «derecha judicial». Seguirá presentándose como víctima de los ... supuestos intentos de derribarlo por parte de un sector de la Judicatura que los socialistas consideran afín al PP y a Vox. Pero con la elección de Teresa Peramato para dirigir la Fiscalía General del Estado, Pedro Sánchez ha evitado exacerbar aún más las relaciones con un poder del Estado tan sustancial para el funcionamiento de democracia como lo son el Legislativo o el que él mismo encarna. Una fiscal de Sala (el equivalente a magistrado del Tribunal Supremo) de dilatada trayectoria -35 años en la carrera- y reconocido prestigio, que actualmente ejerce como jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso punitivo.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, esperó ayer a que el jefe del Ejecutivo regresara, a primerísima hora de la mañana, de la cumbre UE-Unión Africana en Luanda (Angola) para recibir su visto bueno a la decisión de llevar al Consejo de Ministros esta propuesta, bastante alejada del ánimo de revancha que reclamaban muchos en el PSOE tras concerse el fallo del alto tribunal, que el pasado jueves condenó al máximo responsable del Ministerio Público, Álvaro Gacía Ortiz, por revelación de información reservada en el proceso por fraude fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Bolaños lo obtuvo; pulgar hacia arriba.
Como su antecesor -que, en contra de lo previsto inicialmente por el Ejecutivo, seguirá en el cargo hasta que se consume el relevo-, la elegida pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, de la que también fue presidenta. Tiene además una dilatada trayectoria en la lucha contra la violencia de género. El Gobierno hizo ayer hincapié en que es considerada una de las «grandes impulsoras» de la especialización judicial en esta materia y ese dato supone en sí mismo una declaración de intenciones, en pleno duelo con la ultraderecha negacionista.
Sin embargo, Peramato -con un perfil similar al de María José Segarra, la primera fiscal general nombrada por Sánchez tras la formación de aquel «Gobierno bonito» que constituyó tras la moción de censura de 2018- goza de un respeto que ni García Ortiz, fiscal de provincias especializado en medioambiente hasta que Dolores Delgado lo nombró jefe de la Secretaría Técnica, ni ésta, que llegó a la Fiscalía General directa desde el Ministerio de Justicia sin haber alcanzado previamente la cúspide de la carrera, tuvieron nunca entre sus compañeros de profesión.
«Uno de los objetivos de esta elección ha sido pacificar la situación que se ha vivido en la Fiscalía y, vistas las primeras reacciones, creo que vamos a conseguirlo», aventuraban ayer fuentes muy cercanas al presidente del Gobierno. Las mismas fuentes explican que precisamente por ese deseo de calmar las aguas se descartó cualquier opción ajena a la carrera fiscal. «Se habría interpretado -dicen- casi como insulto».
El relevo no se consumará hasta dentro de unos días, pero el Ejecutivo espera que sea rápido. El Consejo General del Poder Judicial se apresuró ayer a convocar para hoy mismo el pleno para evaluar a la candidata y emitir el informe preceptivo, que no vinculante, sobre su idoneidad. En 2023 García Ortiz fue declarado no idóneo después de que el Supremo lo acusara de «desviación de poder» en el ascenso de Delgado a fiscal de Sala; pero tanto dio. Después, Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso y, ya superados esos trámites, el Rey podrá proceder a nombrarla.
En cualquier caso, todo se producirá, tal y como él mismo pidió el lunes en la carta que remitió al ministerio de Justicia, antes de que el Supremo haga pública y ejecute la sentencia que condena a García Ortiz a una multa de 7.200 euros e inhabilitación de dos años. Algo que puede demorarse más de un mes, si se tiene en cuenta que lo más probable es que el aún fiscal general plantee un incidente de nulidad contra el veredicto.
Y, entre tanto, el Gobierno no rebajará sus críticas a fallo del alto tribunal. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volvió a llamar ayer, desde La Moncloa, a la movilización contra una decisión que tildó de «injusta». Dos sillas más allá, en la habitual comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Bolaños insistía en que la discrepancia con el fallo no puede llevar a sembrar la desconfianza generalizada en la justicia. Pero lo cierto es que las palabras gruesas contra los magistrados del Supremo también han provenido estos días del ala socialista del Ejecutivo, más incluso que de Sumar.
En Moncloa esgrimen que el respeto institucional es «perfectamente compatible» con la denuncia de la «situación que se está produciendo» con algunos jueces. Y que las declaraciones de Bolaños y las del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que ha llegado a acusar a la Sala de lo Penal de atender la llamada del expresidente Aznar de que «quien pueda hacer que haga» contra Sánchez, no son sino «las dos caras de la misma moneda».
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