Sánchez afronta en Alemania una cita crucial que amenaza su plan de emergencia

El presidente dio este jueves muestras de su inquietud durante una comparecencia en Bucarest con el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, en la que lanzó a los 27 el mismo llamamiento de emergencia que a él le hacen en casa. «Es importante que la UE actúe de manera urgente y no posponga la decisión», dijo. Fuentes socialistas reconocen que existe un fuerte temor a que lo que se acuerde en la cumbre se quede corto. Una preocupación también evidente en los reproches lanzados por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en Onda Cero, contra la Comisión.

Ribera insistió en que si Europa «se retrasa» o «no está a la altura», el Gobierno adoptará sus propias decisiones para proteger el «interés nacional» y apuntó en concreto a la imposición de un tope máximo al precio de la luz– concertado con Portugal, con quien España comparte mercado eléctrico– de 180 euros el megavatio hora (cuando en los últimos días ha llegado a superar los 540 en el mercado mayorista). Pero hizo hincapié en que las medidas propuestas por el ejecutivo comunitario hace diez días –subvenciones, exenciones fiscales o ayudas de Estado –son muy insuficientes.

Sánchez, que lidera desde el pasado septiembre la batalla para modificar temporalmente las reglas del mercado y evitar que el precio del gas, disparado, marque el del resto de fuentes de energía, más baratas, cree tener garantizado el apoyo de países como la propia Rumanía, que visitó este jueves, Italia, Francia, Portugal y Grecia. Pero Alemania es un hueso duro de roer, entre otras cosas, porque en su caso, el 'desacople', al que Sánchez supedita todo su plan, servirá de poco. Se trata de un país altamente dependiente del gas y el carbón ruso y por tanto apenas habrá rebaja en su factura. «Hay que pararse a pensar de qué manera se les puede compensar porque la medida no tiene para ellos ningún tipo de incentivo», admitió la vicepresidenta tercera.

Mientras recorre Europa en busca de apoyos, el presidente sigue teniendo, por otro lado, dificultades para ahormar en España una respuesta común a la crisis desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. La oposición, liderada por el PP, trata de condicionar la receta; en su caso, con una bajada generalizada y urgente de impuestos. Y su socio de gobierno, Unidas Podemos, se esfuerza por imponer una subida fiscal a las eléctricas.

Las diferencias en materia fiscal se confirman ya como el gran obstáculo para el acuerdo transversal que anhela Sánchez. Tras comprometerse a una inconcreta rebaja en la Conferencia de Presidentes del pasado domingo, el Gobierno trata de encontrar un difícil punto de equilibrio en un asunto con profundo trasfondo ideológico. Lo hace a fuego lento, con el horizonte puesto en el Consejo de Ministros del 29 de marzo, frente a la cada vez mayor presión política, económica y social para tomar medidas de inmediato. Las huelgas, los paros en las cadenas de suministros y las movilizaciones se suceden cada día.

En este contexto, ni siquiera el propio Ejecutivo ofrece esa «única voz» que suele invocar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, secunda esta vez medidas consideradas indispensables por Podemos como impuestos a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y la congelación de la actualización de los alquileres en base al incremento del IPC. Y está decidida a dar la batalla para orillar el acercamiento del PSOE a los populares.

«El recetario económico y social del PP no comparte una agenda progresista; su propuesta para todo es una bajada generalizada de impuestos», advirtió en una entrevista en RNE. Esa solución «progresista», contrapuso, la ofrece el bloque de la investidura, conformado por fuerzas como ERC, PNV y EH Bildu.

Los socialistas acusan recibo, pero ni mucho menos renuncian a un acuerdo que ofrezca una imagen de unidad nacional. «Queremos un gran pacto y que puedan entrar todas las fuerzas políticas de la misma manera que Europa ha dado una respuesta conjunta», reivindicó el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia. También se abren a estudiar ese impuesto a las compañías eléctricas que el espacio de Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa, aunque en el Ministerio de Hacienda desdeñan la fórmula y señalan que el tope al precio de la luz ya produciría una merma considerable en los llamados beneficios caídos del cielo.