Margarita Robles, esta semana durante una visita a Mariupol (Ucrania). / Reuters

Robles plantea reformar la ley del 'sí es sí' frente a Montero en plena erosión del Gobierno por la rebaja de condenas

La ministra y magistrada plantea cambiarla si «las lagunas» desprotegen a las víctimas

Lourdes Pérez
LOURDES PÉREZ

Casi tres semanas después de que la indeseada consecuencia de la ley del 'solo sí es sí' destapara las primeras rebajas de pena a condenados por delitos contra la libertad sexual, el escándalo político a que ha dado lugar no silencia sus decibelios y la gestión de la norma patrocinada por el Ministerio de Igualdad se ha erigido ya en un desafío de primer nivel para el conjunto del Gobierno. El espaldarazo del presidente Sánchez, nada más detonar la crisis, a la norma y, con ello, a la ejecutoria de Irene Montero y el pase largo de balón a la Fiscalía y al Tribunal Supremo para que encauzaran la controversia política en el terreno de la unificación de doctrina jurídica refrenaron un eventual cisma en el Consejo de Ministros que ya había exhibido sus diferencias en la gestación del cambio legislativo. Pero el dique de contención no ha bastado. Como tampoco el cierre de filas con la ministra de Unidas Podemos tras recibir el insulto machista de la diputada de Vox Carla Toscano.

Ruido sobre ruido, el Ejecutivo no consigue atemperar el impacto de la atenuación de condenas –medio centenar ya– en unos ilícitos muy sensibles para las víctimas y que suscitan alarma en la opinión pública, mientras la mayoría de las audiencias provinciales que se van pronunciando lo hacen asumiendo la grieta en la ley que, contra lo previsto por el legislador –primero el Gobierno y luego las Cortes–, favorece los intereses del reo. Tampoco el Supremo avanza por el momento en la línea que ambicionaba el Ejecutivo, no está claro si por convicción o confiando únicamente en que el paso de los días amainara la tormenta: en el primer caso que ha tenido que afrontar, el de los dos jugadores de la Arandina, el alto tribunal les ha endurecido la pena al revisar el ataque que sufrió la menor que les acusó, pero suavizándosela en un año por el 'solo sí es sí'. Es en este contexto en que cobran la máxima relevancia las palabras de la ministra de Defensa y magistrada de carrera, Margarita Robles, planteando lo que es tabú para Igualdad: la reforma de la ley.

«Las lagunas» y las víctimas

Robles, cuyo entorno ciñe lo dicho a un criterio personal, aboga por tocar el contenido de la norma si se aprecian «lagunas» en su desarrollo en los juzgados que no están ofreciendo la satisfacción debida a quienes han sufrido agresiones sexuales; en su gran mayoría, mujeres. «La ley tiene una finalidad muy clara, que es la de proteger a las víctimas, la prioridad siempre. Si en la aplicación de la ley se ve que esto tiene lagunas, las leyes se pueden modificar», constató en la jornada de puertas abiertas del Congreso la ministra, quien trató de restar carga política a lo que Igualdad ve como una línea roja infranqueable. La titular de Defensa constató los cambios legislativos a los que ha asistido a lo largo de su trayectoria como jurista y animó a no tenerles ni «miedo» ni «prevención» porque –incidió– lo trascendental es proteger a las víctimas.

Es una evidencia que la rotundidad con que Irene Montero, su equipo y la líder de Podemos y también ministra, Ione Belarra, reivindican la literalidad de la norma no encuentra el mismo apasionamiento en el ala socialista del Gobierno, aunque terminara aprobando la ley al igual que una amplia mayoría de más de 200 escaños en el Congreso. Las manifestaciones iniciales de la titular de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, favorables a estudiar la modificación legislativa –y de las que no se apeó en una entrevista con este periódico– quedaron en sordina ante la intervención del presidente desviando la polémica a los tribunales. Robles, que ha protagonizado notorios choques con las ministras de Podemos –singularmente, con Belarra–, reaviva ahora esa alternativa que Igualdad descarta mientras prosigue el lacerante goteo para las víctimas de las rebajas de pena, la oposición no ceja en su contestación, los socios se incomodan y tampoco cesan las voces que sugieren intervenir en la norma, a modo de torniquete para el futuro, sobre su contraproducente efecto. Las últimas, las del barón valenciano, Ximo Puig, el expresidente Felipe González y el lehendakari Iñigo Urkullu.