El PSOE anuncia batalla judicial y apunta a que Peinado incurre en prevaricación

El PSOE no ha pronunciado aún abiertamente la palabra 'prevaricación' para referirse a la actuación del juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Juan Carlos Peinado, pero es lo que de un tiempo a esta parte sugieren todas sus declaraciones. Después de que incluso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, denunciara el pasado viernes una «persecución inhumana y cruel» a Pedro Sánchez y su familia, el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, apuntó a un proceso «montado para beneficio del PP». Y habló del 'caso Peinado'.

López dio a entender en una comparecencia en el Congreso que Sánchez declarará como testigo y no se acogerá a la posibilidad que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal de no hacerlo en su calidad de cónyuge de la procesada. Pero amparó su pronóstico en unas declaraciones del    propio jefe del Ejecutivo ante el pleno del Congreso sobre su disposición a comparecer dónde y cuando fuera necesario para defender la honestidad de su esposa, y en las que en realidad respondía al amago del PP de llamarlo a la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

El Ejecutivo, de hecho, no avanza cuál será la estrategia del presidente. Sin embargo, el PSOE sí dejó claro en una nota oficial que, de entrada, habrá un recurso contra su citación como testigo. Esa ha sido, hasta ahora, la tónica habitual por parte del abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, con el grueso de diligencias practicadas por el magistrado en la causa, que los socialistas tachan de «injustificadas». «Es evidente que esto ha sido siempre un montaje de la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno», insistió el exlehendakari.

El partido del Gobierno sostiene que son muchas las pruebas de que Peinado se extralimita, empezando por su decisión de aceptar la querella del pseudosindicato Manos Limpias realizada a partir de informaciones periodísticas que califican de «bulos» y siguiendo por su empeño en continuar adelante con la investigación pese a los dos informes en los que la UCO de la Guardia Civil le comunicó que no encontraba indicios de delito; pese a que no hay acusación por parte de la fiscalía; o pese a que la Audiencia Provincial de Madrid le dijo que no había nada que implicara a Gómez en el rescate de Air Europa.

López, el encargado de poner este lunes voz a la posición de su partido, reiteró lo que ya apuntaron la semana pasada varios ministros, incluido Bolaños: que lo que está haciendo el juez es una investigación prospectiva prohibida expresamente por la ley. «Está investigando a Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente a ver si encuentra algo», recriminó el portavoz. En todo caso, los socialistas, insisten en su confianza en la justicia. «España es un Estado de derecho y acabará prevaleciendo», dicen tomando distancia de aquellos de entre sus socios que les reprochan haber pactado con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los aliados parlamentarios también han empezado a deslizarse otro tipo de dudas. Al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que la semana pasada advirtió al presidente de que, al margen de su relevancia penal, este caso esta revelando comportamientos poco adecuados por parte de su esposa, se sumó este lunes la de Bildu, Mertxe Aizpurua. En una entrevista en Radio Euskadi, la dirigente independentista sostuvo que el jefe del Ejecutivo está siendo víctima del 'lawfare' (o persecución judicial con fines políticos), pero también señaló que sí cree que el hecho de que Gómez se reuniera con empresarios en la Moncloa merece «reproche moral».

Patxi López salió al paso de esas declaraciones y replicó que lo realmente «poco ético, estético, inmoral e indecente» es el comportamiento del magistrado Peinado y afirmó que el PSOE está hoy «más que nunca» con Sánchez porque representa «la dignidad y la democracia. Acusó además a los populares de estar utilizando esta causa para ganar en los tribunales «lo que no ganaron en las urnas», tapar su «ausencia de proyecto» y desviar al atención y «ocultar los 28 juicios pendientes que ellos sí tienen» por corrupción.

El ministro de Justicia también se mostró convencido de que el primer partido de la oposición está haciendo lo posible por sacar tajada de este caso. Esta vez, sin embargo, se esforzó por ceñir sus críticas a los partidos y al proceso judicial.