El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, conversa con el ministro Félix Bolaños. / EP

Podemos mantiene su pugna con Robles y ERC baja el tono

Los morados advierten a la ministra de que «no se pueden delegar responsabilidades políticas»

Xabier Garmendia
XABIER GARMENDIA Madrid

La destitución de la directora del CNI ha abierto una nueva etapa en la crisis del espionaje que amenaza con llevar la legislatura al precipicio. Sin embargo, el cese de Paz Esteban no colma todas las expectativas de los aliados del Gobierno. Ni siquiera del socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, que insiste en su ofensiva contra Margarita Robles. En el independentismo, por su parte, tanto el Govern como ERC evitan ya pedir la dimisión de la ministra de Defensa para no enrarecer aún más las relaciones con Moncloa, aunque Junts y la CUP optan por elevar el órdago y apuntar directamente a la responsabilidad de Pedro Sánchez.

Quien menos parece haber variado su posición tras confirmarse el relevo en el servicio de inteligencia es Podemos. En un discurso muy similar al que mantenía la semana pasada, Pablo Echenique volvió a pedir este martes implícitamente la salida de Robles del Consejo de Ministros bajo la tesis de que «las responsabilidades políticas no se pueden delegar». En todo caso, el portavoz parlamentario de los morados quiso ir más allá de los nombres propios y explicó que «lo importante» es lo que el Gobierno haga después. Entre los deberes, enumeró la desclasificación de documentos y el desbloqueo de las reformas de la 'ley mordaza' y la ley de secretos oficiales.

Vídeo. Rufián ve lógica la destitución. / EP

Algo más de variación en la postura hubo entre las fuerzas del independentismo catalán. En primer lugar, el Govern reconoce la relevancia del paso dado por el Gabinete de Sánchez, pero el bipartito de ERC y Junts advierte de que por sí solo «no cierra» una crisis que ha llevado a restringir «al mínimo» las relaciones con Madrid y a congelar la mesa de diálogo entre ambas administraciones. «El cese no lo soluciona todo», expresó la portavoz, Patricia Plaja. Más categórico fue el vicepresidente de la Generalitat, el posconvergente Jordi Puigneró, con un elocuente «nada ha cambiado».

«El señor X»

Existe, en cualquier caso, un evidente contraste entre los representantes de Esquerra y los de Junts. En el lado republicano, a nadie escapa que Pere Aragonès días atrás fue explícito en la petición de cese de la titular de Defensa, mientras que este miércoles tanto el presidente del partido, Oriol Junqueras, como el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, evitaron volver a situarla en la diana. «No se trata de pedir cabezas», llegó a afirmar el diputado. En ERC asumen que la ministra continuará en su cargo, entre otras cuestiones, porque es el principal exponente del sector más centrista del PSOE, «el más conservador, rancio y caoba», según apostilló el propio Rufián.

Por el contrario, Junts adoptó una posición mucho más dura en la que coincidió con la CUP. Tanto posconvergentes como anticapitalistas elevaron la exigencia de responsabilidades políticas hasta el propio Sánchez. La portavoz parlamentaria del partido de Carles Puigdemont incluso sugirió que el mandatario socialista es «el señor X» del 'CatalanGate'. «No nos vale una cabeza de turco que, por quien no lo recuerde, cumple una directiva firmada por el presidente del Gobierno», aseguró Miriam Nogueras. En la misma línea se pronunció la diputada de la CUP Mireia Vehí. «Se cargan a la que cumple órdenes y con ellos que las dan, ¿qué pasa? Que den la cara», lanzó.

Al margen de la dialéctica de los partidos, lo que la Generalitat prioriza ahora es la fijación de fecha, hora y lugar para el encuentro al que se emplazaron Sánchez y Aragonès. «La reunión debe producirse», insistió Plaja. La Generalitat, además, exige que se desclasifiquen documentos y se den garantías de que no habrá nuevos espionajes. Hay que saber quién ordenó las intervenciones, quién las permitió y quién tenía conocimiento, según reclama el Govern, que ha solicitado formalmente al Gobierno que haga públicos los contratos del CNI con la firma NSO, responsable de Pegasus. La Generalitat también ha anunciado que se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional y en las querellas en el juzgado 32 de Barcelona.