Control de la Policía Nacional. / efe

Los minoritarios amagan con no apoyar la reforma de la ley mordaza

Buena parte de los aliados del Gobierno exigen el fin de las expulsiones en caliente y de las «identificaciones arbitrarias» para votar a favor de las modificaciones de PSOE y Podemos

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

Comienza la semana clave para la reforma de la ley mordaza y las posiciones de los grupos parlamentarios se endurecen. La mayor parte de los partidos minoritarios han avisado en las últimas horas al Gobierno y a los negociadores del PSOE y Podemos que, «ni muchos menos», su apoyo al texto de socialistas y morados está garantizado si no hay cesiones «importantes». La ‘rebelión’ parlamentaria que podría dificultar el proyecto de acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 de Pedro Sánchez la encabezan ERC y Bildu, que insisten en que el texto pactado por las formaciones que apoyan el Ejecutivo es «demasiado tibio» y que se trata de una «mera reforma cosmética».

Republicanos catalanes, independentistas vascos, CUP, Más País y BNG, que son lo que amagan con abstenerse, suman 22 diputados, unos votos que no impedirían que saliese adelante el proyecto, siempre que PNV y JxCAT no votaran en contra de la reforma como harán, sin duda, PP, Vox y Ciudadanos. El Gobierno, en cualquier caso, quiere el apoyo expreso de los grupos progresistas que ahora anuncian que venderán caro su respaldo.

Los aliados minoritarios exigen ante todo que el nuevo texto prohíba expresamente las expulsiones en caliente. El Gobierno y Unidas Podemos han pactado posponer este asunto (que el PP introdujo con calzador en la ley mordaza aunque nada tiene que ver con la seguridad pública para avalar estas deportaciones) para tratarlo en una posterior reforma de la ley de extranjería. Pero a los minoritarios no les basta: quieren que se derogue de forma inmediata (y que no se recupere en ningún otro texto), algo que Moncloa rechaza porque crearía una «vacío normativo» que haría imposible cualquier repatriación en las vallas.

«Claros indicios»

Otro de los campos de batalla en los que se lucha a estas horas es la exigencia de los socios de que se endurezcan las condiciones en las que los agentes puedan realizar identificaciones policiales en la vía pública. Insisten en que la reforma debe exigir que los funcionarios deban probar antes de pedir el DNI que haya «constancia» de un delito o, al menos, «claros indicios» de la comisión de ese ilícito. Las enmiendas que se discuten quieren poner coto a las «identificaciones arbitrarias», particularmente por motivos raciales, según explican fuentes de la Comisión de Interior.

Hay consenso entre la mayoría de los socios parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en que debe desaparecer del texto el proyecto de que los funcionarios de prisiones se conviertan en agentes de la autoridad, perdiendo su estatus de personal civil. El principal temor de los aliados del Gobierno es que si los funcionarios de prisiones pasan a ser agentes de autoridad, las personas privadas de libertad podrían ser sancionadas por hechos leves tanto por la vía administrativa como por la vía penal.

Faltas leves

Los minoritarios, además, han emprendido una cruzada para que muchas de las faltas tipificadas ahora como leves y castigadas con hasta 600 euros dejen de serlo, tales como: la falta de respecto a las fuerzas de seguridad; la ocupación de inmuebles; no llevar encima el DNI; la negativa a enseñar la documentación; el escalamiento de edificios o monumentos; la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; o el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos.

En la batalla parlamentaria por «reformar la reforma» de la ley mordaza, los socios progresistas están contando en los últimos días con el apoyo de varios dirigentes de Unidas Podemos que, a pesar de haber pactado su texto con el PSOE, se muestran claramente a favor de propuestas que no están en su articulado, como la de prohibir sin mayor dilación las expulsiones en caliente.