Un mes para desactivar la 'bomba Puigdemont'

Puigdemont advirtió este viernes de que sus relaciones con el Ejecutivo quedan congeladas y emplazó a una nueva reunión en Suiza con el verificador internacional, una de las concesiones de los socialistas para la investidura, con el fin de auditar el grado de cumplimiento de los pactos suscritos. El Gobierno cree que el mero hecho de que no dinamitara los puentes es ya una buena noticia y muestra de que aún es posible salvar, entre otras cosas, la negociación de los Presupuestos cuya aprobación, sin embargo, vuelve a alejarse.

Ni siquiera en el caso de la situación se recomponga está garantizada la aprobación de las Cuentas públicas o de otras leyes que puedan resultar relevantes para el Gobierno, desde el real decreto ley de revalorización de las pensiones, en contra de cuya convalidación Junts votará el miércoles, a la iniciativa del PSOE para paralizar las causas contra Begoña Gómez o el hermano del jefe del Ejecutivo, a la que ha anunciado una enmienda a la totalidad. Los posconvergentes siempre dejaron claro que su apoyo a la investidura no significaba ser socio de legislatura y los socialistas se han visto obligados en este tiempo a negociar ley a ley hasta el desmayo y en ocasiones sin éxito. Pero si nada cambia, ni siquiera habrá negociación posible.

Los socialistas entienden que si logran cerrar algunas de las carpetas pendientes –entre ellas, la delegación «integral» de las competencias de inmigración a la Generalitat– las cosas se suavizarán y Puigdemont aparcará incluso su exigencia de que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Para eso disponen como mucho de un mes de plazo, el que va de aquí a la última reunión que mantenga la Mesa del Congreso antes del pleno del 25 de febrero, el primero en el que Junts tiene cupo para introducir su controvertida iniciativa.

Hasta entonces, el órgano rector de la Cámara baja tendrá que abordar la cuestión de si permite tramitar el texto en cada una de sus reuniones, según explican fuentes parlamentarias. Es posible que haya alguna convocatoria en enero, mes inhábil en el Congreso, y sin duda la habrá en los primeros días de febrero. Pero en el PSOE no se descarta volver a posponer la decisión hasta que ya no sea posible hacerlo más.

Entre tanto, se seguirá negociando y rebatiendo la idea de que el Gobierno incumple. Sánchez, que asumió el desgaste de impulsar la ley de amnistía, se siente receptor de la frustración de Puigdemont por el hecho de que aún no se le haya aplicado, pese a que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron al criterio del Tribunal Supremo que se la denegó. El asunto está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que aún tardará varios meses en resolver.

Reconocimiento del catalán

Los socialistas también han cumplido ya con las comisiones de investigación sobre la 'Operación Cataluña' y los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, de los que han desclasificado documentos del CNI. Pero hay otros asuntos que no son tan sencillos de materializar. El pasado martes el presidente aseguró ante los embajadores que el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE seguirá siendo una de sus prioridades en 2025, pero la decisión final no está en su mano. Y la concesión a Cataluña de una suerte de concierto fiscal, que pese a estar en el acuerdo de investidura de Junts fue arrancada por ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, está aún muy verde.

La delegación de competencias sobre inmigración se topa con el problema de que el control de las fronteras es, según la Constitución, una materia exclusiva del Estado. Pero es donde más esperanzas hay puestas. Y también está sobre el tapete la compensación económica a Cataluña por la parte del presupuesto no ejecutado en los últimos años.

Fuentes del Ejecutivo esgrimen que viven esta crisis «con normalidad» y se aferran a que el expresident dijo el viernes que siempre estará dispuesto a apoyar lo que «beneficie a Cataluña». No se apean del discurso de que se puede gobernar sin Presupuestos. Pero Puigdemont fue nítido. «En democracia, cuando un Gobierno pierde la mayoría de un Parlamento no hace falta que le hagan una moción de censura para convocar elecciones».