Llop se reúne con jueces y fiscales para intentar frenar la tercera huelga del año

Por lo pronto, cinco asociaciones de jueces y fiscales ya han remitido el preaviso de huelga: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Reclaman «una actualización y adecuación retributiva razonable» que justifican en su pérdida de poder adquisitivo y en la «cada día más compleja labor que implica el ejercicio de las funciones jurisdiccional y fiscal». Se quejan también de la «catarata» de reformas legislativas que elevan su carga de trabajo.

No confían en la reunión de este miércoles: alegan que la mesa de retribuciones nunca ha sido útil porque no se le ha dotado de contenido: «desde su creación», «ninguna propuesta retributiva» se ha formulado en ella, alegan. No se han sumado a la convocatoria formal de huelga Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, a la espera del desenlace del encuentro, aunque comparten las reivindicaciones -así lo expresaron en un comunicado previo conjunto que suscribieron las siete asociaciones profesionales-.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respalda las demandas. El jueves expresó en un escrito que ve «necesario revisar y actualizar las retribuciones», amparándose en lo que dice el Tribunal de Justicia de la UE: «El hecho de que (los jueces) perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial».

El CGPJ también anticipó que llevará a la mesa una propuesta de sistema retributivo «objetivo, equitativo, transparente y estable». Lo que es una incógnita es si el gobierno de los jueces avalaría la huelga y sus servicios mínimos. En otras ocasiones no lo ha hecho porque ha valorado que la ley no ampara del derecho a la huelga de la judicatura, aunque las asociaciones en su escrito defienden que sí pueden ejercer este derecho fundamental.

Ésta sería la tercera huelga en la justicia en 2023. Los letrados mantuvieron un paro que duró dos meses, entre el 24 de enero y el 27 de marzo, lo que supuso la suspensión de más de 350.000 juicios, hasta que aceptaron una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes. Y los funcionarios del ramo protagonizan paros parciales -el del primer día, el 17 de abril, que duró tres horas, paralizó 700.000 actuaciones judiciales, según los sindicatos, con un seguimiento del 85% de la fuerza de trabajo de Justicia-; y de jornada completa (por ejemplo, para este jueves junto con una concentración ante el Ministerio de Justicia, y para el martes, miércoles y jueves de las dos próximas semanas). A ello hay que sumar que los abogados del turno de oficio también han amenazado con ir a la huelga si no reciben mejoras laborales. La justicia española afronta un nivel de conflictividad laboral inédito.

Las asociaciones de jueces y fiscales han hecho piña alrededor de las reivindicaciones salariales e incluso en la amenaza de huelga, aparcando sus diferencias, entre otras cosas, en la atribución de responsabilidades en el bloqueo de la renovación del CGPJ que dura ya cerca de cuatro años y medio. En este punto reside precisamente otro de los ingredientes de la anormal y encrespada situación de la justicia, que se traduce en retrasos en el desarrollo de las causas y también en gastos extraordinarios para el erario público por la necesidad de refuerzos.

Porque el bloqueo por PSOE y PP de la actualización del gobierno de los jueces y la norma que entró en vigor en marzo de 2021, que impide a este órgano hacer nombramientos estando en funciones, implican que existan alrededor de una veintena de vacantes de magistrados sin cubrir en el Tribunal Supremo de una planta de 79, con las salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo como las más afectadas. Esa falta de personal supondrá que ambas dictarán 1.230 sentencias menos. La Sala de gobierno del Supremo ha transmitido al Congreso que, por la continuidad del bloqueo en el CGPJ, se dictarán unas mil sentencias menos cada año. La situación se reproduce en los Tribunales Superiores de ámbito autonómico, cuyos procedimientos también se ralentizan.