ERC lleva a la Fiscalía la operación Voloh

Rufián presenta una querella para que investiga si son legales las grabaciones de las conversaciones entre dirigentes secesionistas

CRISTIAN REINO Barcelona

Esquerra Republicana ha anunciado esta mañana una ofensiva legal y parlamentaria para defenderse de la llamada operación Voloh, que investiga un presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista.

ERC cree que se trata de un montaje de la Guardia Civil para atacar al independentismo a través de actos de «espionaje político». La primera de las acciones de su ofensiva ha sido la presentación de una querella ante la Fiscalía por parte de Gabriel Rufián por presunta vulneración de la intimidad y de derechos fundamentales.

El portavoz de ERC en el Congreso ha presentado la denuncia a título personal tras la publicación de una conversación de una reunión de dirigentes de Esquerra, en la que interviene uno de los detenidos en la presunta trama civil del procés, Xavier Vendrell, exconsejero de Gobernación y exsecretario de organización de ERC.

Rufián pide a la Fiscalía que abra una investigación sobre si las grabaciones fueron legales, pues a su juicio el contenido de estas conversaciones no tenían nada que ver con el objeto de la instrucción. El dirigente republicana insta al Ministerio Público a que aclare si han sido obtenidas legítimamente y si han sido filtradas a la prensa por los «responsables de grabarlas y custodiarlas», es decir, las «unidades de policía judicial». «Nadie más que ellos tenían acceso a las grabaciones, a menos que la investigación demostrara lo contrario», apunta la denuncia.

Además, pide a la Fiscalía que adopte las medidas necesarias para que los medios dejen de publicar cualquier grabación de conversaciones privadas en las que se «encuentre relacionado», así como que retiren de sus plataformas cualquier mención a estas. Rufián apela, para ello, a su condición de diputado en las Cortes españolas y la «necesidad de proteger también la tranquilidad en el desarrollo de mis tareas de representación política». «Las conversaciones no tienen ninguna relación con el objeto de ningún procedimiento judicial, pues son claramente conversaciones explotadas con una finalidad de desprestigio y de pugna política», según el escrito de la denuncia.

Al mismo tiempo, ERC ha iniciado una ofensiva parlamentaria para pedir explicaciones al Gobierno sobre la deriva que a su entender «antidemocrática» de la Guardia Civil. Así, la formación republicana ha presentado 140 preguntas por escrito dirigidas al Gobierno central en el Congreso sobre los últimos casos judiciales contra el independentismo «para aclarar y dar respuesta a las malas prácticas de la policía patriótica y la falta de independencia judicial». Los independentistas pedirán que se expediente al juez Joaquín Aguirre, que lleva la investigación, por «prevaricación y detención ilegal», y preguntarán si la Guardia Civil actúa por cuenta propia o por instrucción del Gobierno.