Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»

El juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, acordó liberarle este miércoles. Pero no precisamente porque las pruebas contra él se hayan «diluido». Bien al contrario -relató el instructor- los «indicios de criminalidad» contra quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se han «reforzado» en estos meses.

Puente firmó el decretó de libertad provisional del exsecretario de Organización del PSOE basándose sobre todo en una circunstancia clave para revocar una prisión preventiva: consideró que no puede seguir manteniendo entre rejas de manera cautelar al imputado porque ya está «seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas» que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó contra él el pasado 30 de junio. Así las cosas, lo dejó en libertad, pero acordando contra él las medidas cautelares como comparecencias quincenales en el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

El instructor del Supremo, que ya había avanzado en sus autos que no quería llegar a prorrogar los seis meses de prisión provisional originales, cumplió su promesa este miércoles, horas después de notificar a las partes el informe de la UCO sobre la relación entre Servinabar (la empresa que Cerdán poseía a un 45%) y Acciona, la multinacional que supuestamente pagó más de 7 millones en mordidas (a través de supuestos encargos) a esta compañía que controlaba en la sombra el exsecretario general de Organización del PSOE.

Básicamente, el juez, aunque no cree conjurado completamente el riesgo de quien fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez en el partido pueda todavía «ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes», sí que considera que esta posibilidad, que era «muy intensa» cuando le mandó a la cárcel el pasado verano, ahora ha disminuido mucho, sobre todo a raíz de los registros practicados por la UCO el pasado viernes, que tuvieron como eje el informe 'Servinabar-Acciona' que le entregó la Guardia Civil el pasado 11 de noviembre.

Esos ocho allanamientos -que según el instructor habrían dejado a Cerdán sin margen de interferencia en la investigación al haberse incautado la UCO de todas las posibles pruebas- tuvieron lugar simultáneamente en Madrid, Bilbao, Ciudad Real y Cádiz (relacionados todo ellos con Justo Vicente Pelegrini, el exceo de Construcción Acciona que mantenía contactos con el político navarro) y dos más en San Sebastián, en las sede de las cooperativas Erkolan y Noran, a donde supuestamente se desviaba dinero de Servinabar. En esos registros -abunda el instructor en su auto de libertad- se ha «logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso».

Pero en su resolución, el juez, ni mucho menos, atenúa los cargos contra Cerdán porque, entiende que durante el tiempo que ha estado en la cárcel el trabajo de la UCO le ha señalado todavía más nítidamente como cabecilla de la trama corrupta de amaños de obras públicas de la que también formaban parte José Luis Ábalos y Koldo García. Detalla en ese escrito que «el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa (contra Santos), sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida», al tiempo que se han «abierto nuevas líneas de investigación». No obstante, insiste en que la existencia de esos «consistentes indicios» relativos a que Cerdán pudiera haber cometido los «ilícitos penales que se le atribuyen no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional», incluso cuando el progreso de la investigación no haya hecho más que «confirmar y robustecer» dichos indicios.