Jordi Pujol. / efe

El juez abre juicio a la familia Pujol por integrar una organización criminal

Reclama al primogénito una fianza de 7,5 millones por las eventuales responsabilidades civiles en caso de una condena

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra la familia Pujol Ferrusola. El magistrado considera de forma indiciaria que Jordi Pujol, expresidente catalán entre 1980 y 2003, y sus siete hijos forman parte presuntamente de una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su posición política. El instructor ha pedido que depositen 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles derivadas de una posible condena.

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del expresidente, Marta Ferrusola -a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa-, así como a otras 11 personas, entre ellas Mercé Gironés, la exmujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios adjudicatarios de obra pública.

Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, reclama al primogénito que deposite 7,5 millones de euros y a su exmujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días. En caso contrario, procederá al embargo preventivo de sus bienes hasta completar esta cuantía.

Años de cárcel

El instructor ha seguido los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, quien solicitó nueve años de cárcel para Jordi Pujol, de 91 años, y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su exmujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.

En el auto con el que puso fin a la instrucción, hace ya casi un año, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».