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EFE
Un informe de la Eurocámara señala al Gobierno como responsable del espionaje a independentistas catalanes

Un informe de la Eurocámara señala al Gobierno como responsable del espionaje a independentistas catalanes

El documento preliminar de la Comisión Pegasus apunta, además, que Marruecos espió al presidente Pedro Sánchez y a varios ministros

OLATZ HERNáNDEZ

Martes, 8 de noviembre 2022, 10:59

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El Gobierno estuvo detrás del espionaje a independentistas catalanes. Así lo indica un informe preliminar de la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo, que destaca además que las autoridades españolas «fueron probablemente el primer cliente europeo del grupo NSO», compañía creadora de Pegasus. El mismo informe señala a Marruecos como responsable del espionaje al presidente, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El documento, que deberá ser aprobado por la comisión parlamentaria por los grupos políticos, apunta a que se usó Pegasus para espiar «a un gran número de objetivos» en España. De este modo, se cree que Rabat estuvo detrás del ataque al presidente y los ministros, «en un caso similar al del presidente francés y su Gobierno», apunta.

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En el caso del 'CatalanGate', que afecta a parlamentarios y europarlamentarios catalanes, así como a abogados y miembros de organizaciones civiles, «65 personas fueron espiadas». «Las autoridades españolas admitieron las escuchas a 18 de esas 65 víctimas bajo autorización judicial», indica el documento. El informe señala que Madrid «ha dado poca información de su rol» en este caso, «alegando la necesidad de confidencialidad en materias de seguridad nacional».

Un análisis en profundidad indica, sin embargo, «un patrón claro» en los ataques, «que coincide con momentos de relevancia política», como casos judiciales contra separatistas catalanes, mítines y otras comunicaciones. «Dado que las autoridades han reconocido solo 18 de los 65 casos, y que las órdenes judiciales para esos casos no se divulgan, no es posible establecer de qué manera constituirían una amenaza inminente para la seguridad nacional o la integridad del Estado», concluye el informe preliminar.

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