Iglesias presiona con la reforma fiscal en el borrador de las cuentas

El vicepresidente asegura que se priorizará la negociación con la mayoría de la investidura antes que con Ciudadanos

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid

La reforma fiscal será el principal escollo a salvar entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Ambos socios difieren tanto en el alcance de la reforma como en el calendario para aumentar la demanda de progresividad fiscal que viene recogida en el acuerdo programático que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en diciembre. Mientras los socialistas enfrían la subida de impuestos, los morados no renuncian a ella. «Ese acuerdo de Presupuestos contemplará una revisión fiscal en un sentido progresista y redistributivo», afirmó ayer el líder de Unidas Podemos en la Sexta.

Iglesias marcó las directrices de la negociación, que se inició este martes con la reunión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Se niega a que se posponga el regreso del crecimiento económico, como han defendido en los últimos tiempos el presidente del Gobierno y la propia Montero, y como exige también Ciudadanos, el socio elegido por Sánchez para sus primeras cuentas públicas. El vicepresidente insistió en que España padece un déficit recaudatorio respecto a la media de la Unión Europea y que la parte del león de los impuestos los aportan los trabajadores, los autónomos y la pequeña y media empresa. «No puede ser –dijo– que los impuestos los paguen siempre los mismos».

Iglesias se aferró al programa de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que servirá como «fuente de inspiración» del borrador, para presionar con una subida de impuestos. Ese pacto recoge un capítulo dedicado a la «justifica fiscal y el equilibrio presupuestario». Para conseguir la «progresividad» fiscal, sugiere una tributación mínima del impuesto de Sociedades del 15% para grandes corporaciones y del 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos. También propone subir el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros, entre otras medidas.

Presentación conjunta

El líder morado reconoció que su intención sigue siendo revalidar la mayoría de la investidura para aprobar las cuentas porque es «la única que garantiza la estabilidad». El grupo confederal no se cierra a intentar una negociación con Ciudadanos, que está en las antípodas ideológicas de Unidas Podemos, aunque siempre como última vía y tras haber agotado todas las demás. «No podemos perder la perspectiva», reconoció.

En todo caso, Iglesias avanzó que la interlocución con los liberales será al final de la negociación. Según reveló, en su reunión con Sánchez ambos acordaron un orden para el diálogo presupuestario diseñado con «cordura y cortesía». Primero, hablarán con las formaciones que respaldaron la investidura del socialista, como el PNV; después con los que se abstuvieron, como Esquerra; y luego ya con los que votaron en contra, como Ciudadanos. También pactaron que escenificarán en un acto conjunto la presentación del borrador del proyecto. Será previsiblemente a finales de septiembre, para que las cuentas públicas puedan llegar al Congreso en octubre. «A ver si con esto -dijo- meto un poco de prisa a los negociadores».

Cierre de filas con Celaá

«Isabel Celaá está haciendo un gran trabajo». El vicepresidente segundo del Gobierno ha negado que acusara al Ministerio de Educación de tener falta de liderazgo ante la situación de los centros educativos. «Yo ya estoy llevando a mis hijos a la escuela infantil», ha dicho Pablo Iglesias en una entrevista en La Sexta.

El líder de Unidas Podemos asegura que las críticas las hace «en privado, no en público» y de esta manera se lo transmitió a la responsable de Educación. «Le dije a Isabel que si tenía que decirle algo, lo haría abiertamente, pero creo que está haciendo un gran trabajo», ha señalado.

Sobre la situación de la pandemia en Madrid, Iglesias ha manifestado que «como vicepresidente no me toca polemizar con una administración. No quiero entrar en polémicas con la señora Ayuso. Se puede imaginar que no pensamos igual. Las comunidades autónomas tienen ahora la capacidad de solicitar un estado de alarma territorial. No hay excusa».