El Gobierno salva el decreto de las mascarillas gracias a una treta parlamentaria

Los partidos afean esta maniobra del Ejecutivo, que Ciudadanos tacha de «fraude» en el proceso legislativo

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid

El Gobierno convalidó este martes en el Congreso el decreto que recuperó el uso de las mascarillas en exteriores, pero no tanto por la confianza en la medida sino porque entremezcló la norma con otros asuntos como la revalorización de las pensiones, lo que dificultó el voto en contra de los grupos. Lo hizo con el respaldo de PNV, Compromís, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria y gracias a la abstención del resto de sus socios en la Cámara baja, que afearon la treta. En total, 162 votos a favor, frente a 153 en contra y 28 abstenciones. «Va a ser la última vez que le aceptemos un chantaje de este tipo», advirtió el diputado de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo. «Es una práctiva política que no se rige por la honestidad», reprochó, por su parte, al Ejecutivo la parlamentaria del PNV, Josune Gorospe.

El propio socio de coalición, Unidas Podemos, reconoció que el decreto es polémico al incluir la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior, y su portavoz, Pablo Echenique, señaló que aunque están a favor «es verdad que Sanidad ha dicho que se podrá retirar la medida cuando baje más la incidencia». También la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, aseguró que le hubiera gustado un decreto un «poco más limpio».

PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias anunciaron su decidido voto en contra del decreto por considerarlo una «burla» al poder legislativo. La formación de Santiago Abascal incluso reclamó al Gobierno desgajar la paga de los jubilados del texto y presentarla como un decreto aparte, comprometiéndose así a darle su apoyo.

En este decreto, el Gobierno ha introducido un «popurrí» de artículos para que el personal médico y de enfermería ya jubilado y que está ayudando durante la pandemia pueda hacer compatible ese trabajo con la pensión hasta el 31 de diciembre de 2022. También se incluye el abono, antes del 1 de abril, de una paguilla con la cantidad que tendrían que haber recibido los perceptores de las pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad, si se les hubiera aplicado el incremento del IPC y normas para el trabajo de especialistas sanitarios extracomunitarios.