Gobierno y PP retoman la negociación antiaranceles en un clima de desconfianza

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, que presume de una política de «mano tendida» y de ir a las reuniones cuando les llama el Gobierno por su «sentido de Estado», amaga en esta ocasión con bajarse de la cita si sigue sin tener respuesta al plan antiaranceles que envió hace 22 días al Palacio de la Moncloa. «Debe de creer el Gobierno que el PP es el único partido al que le puede exigir el apoyo a cambio de nada», avisó este domingo la secretaria general, Cuca Gamarra.

Los conservadores, que están más cerca hoy de votar en contra que a favor, condicionan su presencia en la reunión a que el Ejecutivo les manifieste previamente de qué asuntos quiere tratar. «Hemos pedido documentación que acredite en qué van a avanzar respecto a la última ocasión», señalan fuentes del equipo de Feijóo. El propio Bravo ya afirmó el jueves que querrían conocer la respuesta del Gobierno para que el encuentro fuera «productivo».

El primer partido de la oposición defiende que la crisis arancelaria ha abierto un nuevo escenario que no se resolverá con créditos y avales, sino con medidas fiscales concretas y otras de largo recorrido que permitan a las empresas afectadas afrontar la embestida económica. Los populares reclaman, entre otras cosas, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo las nuevas medidas contra los aranceles, así como eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o alargar la vida útil de las centrales nucleares. Propuestas que se incluyen en el plan de competitividad que el propio Feijóo esbozó la semana pasada y que el primer partido de la oposición llevará al Congreso si el Gobierno no acepta finalmente sus propuestas.

De entre todas las medidas que los conservadores han puesto sobre la mesa, la que tiene la llave para desatascar la negociación es la que concierne al cierre de las nucleares, que en Génova consideran necesaria para abaratar el precio de la energía y contribuir así a que las empresas afronten con más garantías el impacto. Pero la decisión del Consejo de Ministros de autorizar a Enresa la contratación del servicio para el desmantelamiento de la central de Alcaraz, la primera afectada por el calendario del cierre progresivo de los reactores, no ayuda a acercar posiciones. «El Gobierno haría bien en ir amarrando el apoyo de Belarra. Por si acaso», advirtieron desde Génova tras conocer la decisión adoptada por el Consejo de Ministros.

Dice el PP que, si bien aún no han decidido el sentido de su voto, el Ejecutivo «no está avanzando en la línea que nos gustaría». «No estamos en ninguna opción concreta. Queda tiempo –insisten–. Pero no podemos descartar ninguna posibilidad». El Gobierno de Pedro Sánchez, que contradice el argumento de que el cierre de las nucleares vaya a elevar el precio de la energía, rechaza de plano incluir en el pacto antiaranceles la revisión de las fechas de clausura de los reactores españoles. «Es un línea roja», remarcan desde la Moncloa, donde atribuyen la posición de los de Feijóo a las presiones del ala dura de la formación conservadora.

Frente a la nula voluntad de acuerdo del Gobierno en negociar la prórroga de las nucleares, el PP no rebaja la presión y enviará este lunes por la mañana, antes de la reunión con el ministro, a Juan Bravo y a la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, a Almaraz para defender la continuidad de la central y de sus dos reactores, que cerrarán si nada lo impide en 2027 y 2028, respectivamente. Los populares avisan de que no extenderán «cheques en blanco» e insisten al Ejecutivo de Sánchez que aún está a tiempo de rectificar y reconsiderar algunas de sus propuestas. «La pelota –señalan en el PP– está en su tejado».