El Rey junto al presidente del Gobierno y la presidenta del Senado en el 40ª aniversario del 23-F. / efe

El Gobierno y la Casa Real demoran las reformas legales sobre la Corona

La Zarzuela y la Moncloa guardan silencio sobre el anunciado plan de modernización mientras colean los escándalos en torno a Juan Carlos I

RAMÓN GORRIARAN Madrid

Pedro Sánchez afirmó el pasado 29 de diciembre que «el Rey quiere una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI». El presidente ofreció la colaboración del Gobierno en esa tarea pero sin ponerse plazos. «Vamos -dijo- paso a paso. Ya irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad». Dos meses largos después, no se conoce nada y entretanto, el deterioro de la imagen de la institución crece imparable.

Avanzan en las reformas, no se sabe. Están estancados, tampoco se sabe. Qué piensan hacer, se ignora. La Casa Real remite a la Presidencia del Gobierno porque de allí partió la información del plan para la modernización de la monarquía. La Moncloa responde que la Zarzuela, como protagonista de la transformación de sus usos y costumbres, debe ser la que lleve la iniciativa y la que dé cuenta de los trabajos.

Las palabras de Sánchez abrieron las expectativas de una ley de la Corona, reclamada por sus socios de Unidas Podemos, que amagó con presentar una proposición en el Congreso, pero también por constitucionalistas. La Moncloa taponó con rapidez esa vía. Lo que menos quieren los socialistas es suscitar un debate en el Congreso sobre el futuro de la monarquía parlamentaria.

El caso es que nadie sabe bien qué quiso decir el presidente con la renovación de la Corona y de qué forma se va a plasmar. Un mensaje que también lanzó Felipe VI en su discurso de proclamación en 2014, cuando abogó por «una monarquía renovada para un tiempo nuevo».

Lo que sí hay es un consenso amplio, tanto político como académico, en que la institución debe ponerse al día. Máxime con el goteo de informaciones sobre la conducta «incívica» del rey emérito que amenaza con llevarse por delante la reputación de la Corona.

Salir del palacio

Los socialistas se mantienen firmes en su defensa de la monarquía parlamentaria frente a los embates de sus socios de Gobierno y las fuerzas soberanistas. Pero también empiezan a pensar que en la Casa del Rey hay un interés escaso para acometer la tarea transformadora. El férreo silencio de la Zarzuela ante las regularizaciones fiscales de Juan Carlos de Borbón, que superan el umbral de las informaciones para ser hechos incuestionables, y la falta de medidas ejemplarizantes y de transparencia prometidas alimentan el recelo por más que desde el Gobierno hagan esfuerzos por deslindar la conducta del emérito de la institución. «Esto no se arregla encerrándose en palacio», advierte el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

Del plan modernizador se desconoce todo pero las especulaciones están trufadas de incógnitas jurídicas. ¿Qué margen deja la Constitución para legislar sobre la Corona? ¿Qué podría regularse sin tocar la Carta Magna? ¿Qué cambios requerirían una reforma constitucional? El debate entre los expertos sobre el corsé constitucional es intenso.

Lo que parece evidente es que las medidas adoptadas por Felipe VI al acceder al trono son insuficientes para reflotar una monarquía acosada por los escándalos. Auditar las cuentas por una consultora externa, regular los regalos o introducir un código de conducta para los funcionarios de la Zarzuela han demostrado ser retoques de maquillaje. Por ejemplo, la normativa sobre obsequios prevé en su punto 4.1 que los miembros de la Familia Real no pueden recibir créditos sin interés o por debajo de los tipos de mercado. Pues bien, como recordó eldiario.es, el emérito se ha beneficiado de un préstamo a interés cero, que puede encubrir una donación, de unos empresarios amigos para pagar 4,4 millones de euros a Hacienda en su segunda regularización. Una vulneración de ese código de conducta que no acarreará ninguna consecuencia para el infractor.

Sin entrar en las honduras de una ley, Felipe VI tiene en su mano tomar medidas inmediatas que certificarían su compromiso con la transparencia y la ejemplaridad. La Zarzuela, por citar una de las peticiones más reiteradas, nunca ha informado del patrimonio de los miembros de la Familia Real. Hacer público el de Juan Carlos I no debe ser sencillo, pero no se sabe el de Felipe VI, y eso en un país donde se conoce la declaración de bienes del último diputado es llamativo.

El Gobierno, sin embargo, insiste en el mensaje modernizador. Es más, la vicepresidenta Carmen Calvo asegura que el presidente y el Rey «tienen puesto rumbo a un futuro importante de la monarquía». Un derrotero que, si existe, se lleva en absoluto secreto.

1,2 millones de indemnización a la tripulación del yate de Juan Carlos I

Patrimonio Nacional asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores que componían la la tripulación del yate Fortuna al que renunció en 2013 el rey emérito Juan Carlos I. El coste de la operación, tramitada como «despido improcedente», ascendió a 1.235.441 de euros, según reconoce el Gobierno en una respuesta escrita al senador de Compromís, Carles Mulet, y hubo que realizar una transferencia de crédito desde el programa presupuestario de imprevistos en los PGE de 2013.

La renuncia al Fortuna, una embarcación de lujo regalada al anterior Jefe del Estado en el año 2000 por un grupo de empresarios turísticos mallorquines, banqueros y el Gobierno balear de Jaume Matas, fue uno de los últimos movimientos realizados por don Juan Carlos en la etapa final de su reinado para tratar de mejorar su deteriorada imagen. El yate pertenecía en aquel momento a Patrimonio Nacional aunque su utilización estaba reservada en exclusiva a la Familia Real. Cuando el antiguo monarca solicitó que se iniciaran los trámites para su «desafectación» como bien de este organismo, llevaba ya casi un año en el dique seco por aquello de dar imagen de austeridad, apenas unos meses después del gravoso accidente de Botsuana. Pero hasta entonces la Familia Real solía utilizarlo con relativa asiduidad.

La construcción de la nave por parte de los astilleros Bazán alcanzó un coste de 15 millones de euros y solo llenar los tanques de combustible podía costar en torno a 20.000 euros, a los que habría que sumar el gasto extra que suponía la escolta de las patrulleras de la Armada y de la Guardia Civil. Cuando ascendió al trono, en 2014, Felipe VI aprobó un código interno de buenas prácticas que impide que él o cualquier otro trabajador de la Casa Real reciba regalos de semejante valía.