La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. / FOTO: EFE | VÍDEO: EP

Moncloa cede y adelanta a este lunes la reunión con las CC AA por el plan energético

La vicepresidenta Ribera insiste en que «no valen excusas» para incumplir el decreto-ley y Feijóo pide una conferencia de presidentes esta semana

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

Como en los tiempos más convulsos de la pandemia, el Gobierno está manejando la entrada en vigor de plan de ahorro energético a golpe de circunstancias. Este domingo, el Ministerio de Transición Ecológica volvió a cambiar de planes y cedió ante la avalancha de críticas del PP. Adelantó a este lunes la Conferencia Sectorial de Energía con las comunidades autónomas que en principio estaba convocada para este martes –a pocas horas de la entrada en vigor de las medidas–. El objetivo del encuentro es el mismo, intentar zanjar todas las dudas y la polémica que ha suscitado el decreto, pero tiene varias novedades que coinciden con lo exigido el sábado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso:la nueva convocatoria estará presidida por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y contará con la presencia de todos los consejeros autonómicos del ramo.

Conscientes del «ruido» que se está generando, Moncloa ha querido reforzar el carácter la cita, que ahora será más política que técnica (como era la idea en un primer momento). Esta se celebrará a las 10:00 horas de forma telemática y contará también con la presencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

El Ejecutivo de coalición no había medido bien las consecuencias de la reacción airada especialmente por parte del PP, pero también del PNV. El lunes pasado, cuando se aprobó el decreto-ley en el Consejo de Ministros, calcularon que el asunto candente iba a ser la nueva ley de secretos oficiales, ya que el plan de ahorro energético, en definitiva, era un compromiso adquirido con Bruselas para reducir un 7% el consumo de gas. Pero la ofensiva liderada desde Madrid por Ayuso y desde el País Vasco por el lehendakari, Iñigo Urkullu, provocó que Moncloa diera rango de máxima prioridad a este asunto, sobre todo tras la obsesión reconocida por el propio PSOE en su último comité federalde que no se están comunicando bien las medidas a los ciudadanos.

Desde Cambados (Pontevedra)el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este domingo «parar» la aplicación del decreto-ley y convocar esta semana una conferencia de presidentes en la que se consensúen las medidas. «Lamentablemente, una vez, más estamos ante una improvisación de algo que no es menor, la necesidad de ahorrar energía.El presidente Sánchez sobrevuela los problemas de los españoles en vez de afrontarlos con un buen diagnostico», zanjó.

Pero una cosa son las formas y otra el contenido. Tanto Maroto como Ribera insistieron este domingo que el plan de ahorro energético no va a sufrir cambios y que «no valen excusas»a la hora de aplicarlo por parte de las administraciones públicas. También recordaron que es un mandato de la Unión Europea y que en otro países, aseguran, las medidas van a ser «más estrictas».

La ofensiva de Ayuso

Al mismo tiempo, la ministra de Industria acusó al PP de ser el responsable de «generar todas las dudas, la desconfianza y el ruido que se ha producido ante una norma necesaria» y volvió a pedir a Feijóo que «ponga orden en su partido», en referencia a la ofensiva lanzada por la baronesa madrileña desde la misma noche en la que se conoció el contenido del decreto-ley.«Madrid no se apaga», publicó en sus redes sociales hace una semana.

El ruido no evitará que todos los gobiernos acaben cumpliendo con la norma. Sin embargo tanto el PPcomo el PNV van a llevar ante la vicepresidenta tercera todas las dudas derivadas de a redacción de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Por ejemplo, se fija a las 22.00 horas el horario de apagado de los escaparates con salida a la vía pública, pero no se concreta cuándo se puede volver a encender o qué pasa en el caso de los locales con cierre más allá de esa hora. Tampoco se diferencia entre tipo de negocios o su localización geográfica para fijar una temperatura mínima, que se establece por norma general en 27 grados. Ribera ya concedió que habría «flexibilidad», pero no ha concretado.

La semana en la que el Gobierno se enredó con un decreto impuesto por Bruselas

El decreto de medidas para el ahorro energético que entrará en vigor mañana a medianoche estaba llamado a ser un trámite para el Gobierno al venir impuesto desde Bruselas, Un plan que también están preparando el resto de países de la Unión Europea frente a la posibilidad de que Rusia cierre el grifo del gas en invierno. Sin embargo, la cuestión se ha ido envenenando durante la última semana hasta provocar una batalla política que ha acabado opacando otros asuntos delicados como la ley de secretos oficiales.

Todo empezó con un tuit de la presidenta madrileña,Isabel DíazAyuso, tras la maratoniana reunión del Consejo de Ministros del pasado lunes, que finalizó sobre las nueve de la noche. «Madrid no se apaga», desafió la baronesa popular, que lideró la ofensiva de su partido por delante, incluso, de Alberto Núñez Feijóo. Este evitó desautorizarla pese a que tan solo quince días antes había sugerido medidas de ahorro similares.

Al día siguiente se le sumó el Gobierno vasco, con las críticas del lehendakari, Iñigo Urkullu, que acusaba al Ejecutivo de «improvisar»y no consensuar las medidas con las comunidades. Paralelamente, el PP distribuía un argumentario similar entre su dirección que buscaba poner en la primera línea mediática todas las dudas surgidas en torno al decreto-ley.

En ese clima, y tras haberse convertido en la polémica política del momento, desde Moncloa zanjaron que el decreto no se iba a modificar y que su cumplimiento era «obligatorio». La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sí concedió, en cambio, que algunas medidas como el tope mínimo de temperatura, fijado en 27 grados, iba a tratarse con «flexibilidad». Sobre todo en el caso de colisionar con convenios colectivos de hostelería o comercio.

Pero no fue suficiente para frenar la polémica y el viernes por la noche, a última hora de la tarde y de forma sorpresiva, el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende el plan, convocó una reunión el martes por la mañana, pocas horas antes de que entre en vigor el decreto, para tratar de zanjar todas las dudas con las comunidades.

Iba a ser una reunión puramente técnica, sin la presencia de Ribera ni de los consejeros autonómicos, pero este domingo, de nuevo, el Gobierno cambió el paso y adelantó para este lunes la reunión, trasnformándola en un encuentro de carácter político.