El Gobierno abre una vía legal que podría excarcelar a 50 presos de ETA

Por una parte, el Ministerio de Justicia tramita ya un anteproyecto para modificar la citada ley 7/2014, «sobre el intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea». La memoria que acompaña el texto prevé, de modo críptico, «modificar el actual sistema rígido que impide la retransmisibilidad» de las sentencias propias y las dictadas previamente en otros países «por otro más flexible conforme al principio de reciprocidad con arreglo al tratamiento que le dan otros Estados a este parámetro».

Por otra parte, adelantada por 'ABC', el Ejecutivo ha introducido una previsión en su agenda normativa para 2022 para enmendar la ley 23/2014, que es la que regula también «el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea»; de hecho, esta última incluye en su artículo 86 la referencia a la 7/2014. Los objetivos que el Gobierno menciona para reformar la ley 23/2014 tienen que ver con aspectos como las operaciones de decomisos y el embargo de bienes; es decir, no hay constancia de que la pretensión de la Moncloa tenga que ver con los reclusos etarras.

Pero la disposición a modular ambos textos legislativos deja abierta la puerta a la hipótesis de que acaben contabilizándose, a favor de los condenados por su vinculación con la organización terrorista, las penas cumplidas en los centros penitenciarios galos. Pese a que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado a las víctimas que esa sea la intención última del Ejecutivo, la AVT está persuadida de lo contrario y Covite también recela de la orientación de las reformas legales promovidas.

El ecosistema vinculado a los presos etarras ha convertido el final de lo que denomina «la legislación penitenciaria de excepción» en una de sus banderas reivindicativas, con inclusión explícita de la contabilidad de los años purgados en Francia en la «agenda de resolución del conflicto» vasco. Junto a ello, la izquierda abertzale ha vinculado su apoyo a la continuidad del mandato de Sánchez en la Moncloa, entre otras cosas, a la búsqueda de fórmulas para ir vaciando las cárceles. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, así lo constató en una charla con militantes en Eibar desvelada por este periódico en octubre del año pasado para justificar el apoyo de su formación a los Presupuestos.

De consumarse el paso, provocaría un goteo de excarcelaciones que se extendería una década, según medios consultados, y beneficiaría a 'históricos' de ETA como Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', uno de los asesinos deMiguel Ángel Blanco; el exjefe militar de la banda José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; y también a Soledad Iparragirre, 'Anboto', al frente de la organización junto a su pareja, 'Mikel Antza', en los tiempos más duros de la 'socialización del sufrimiento'. Los descuentos máximos en las penas llegarían a los once años, al tratarse de reclusos con largas sentencias condenatorias a sus espaldas.