Francisco Serrano, druante las últimas elecciones en Andalucía. / Efe

Francisco Serrano abandona Vox Andalucía tras la querella de la Fiscalía por fraude en subvenciones

El juez mantiene su acta de diputado y asegura que es víctima de una campaña contra el partido

CECILIA CUERDO

Francisco Serrano, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, se marcha de la formación tras conocerse la querella que ha presentado la Fiscalía Superior de Andalucía contra su exsocio y él por un supuesto fraude en subvenciones por una ayuda de 2,4 millones de euros para un proyecto que nunca se ejecutó. Serrano, que y afirma ser víctima de una campaña contra el partido, mantendrá no obstante su acta de diputado en la Cámara regional, y por tanto su condición de aforado, pasando a formar parte del grupo de los no adscritos.

Serrano mantenía su puesto como presidente del grupo parlamentario, aunque tras la polémica por su reacción a la sentencia de La Manada, había sido apartado de la portavocía del partido y apenas tenía agenda pública. Según explican desde Vox Andalucía, el juez en excedencia les comunicó este mismo miércoles su baja como afiliado a fin de centrarse «en su defensa jurídica a la vez que en desmontar la campaña que pretendía atacar a VOX a través de su persona». La formación de ultraderecha decía entender sus explicaciones y tras agradecer su trabajo, le deseaba suerte en «el proceso al que se enfrenta a partir de ahora».

la salida de Serrano y su paso al grupo de los diputados no adscritos, donde ya se encuentra otra antigua diputada por Vox, Luz Belinda Rodríguez, no altera el equilibrio en el Parlamento Andaluz, ya que lla formación de ultraderecha aporta 10 escaños al Gobierno de PP y Cs, con 47 diputados, frente a los 50 que suman PSOE y Adelante Andalucía.

La marcha de Serrano se produjo pocas horas después de trascender que la Fiscalía Superior de Andalucía se querellaba contra él y su exsocio en la empresa Bio Wood Niebla S.L, Enrique Pelegrín Díaz, al entender que existían indicios delictivos en la ayuda de 2,4 millones de euros recibida para un proyecto de biocombustible que nunca se llevó a cabo. El dinero tampoco se reintegró. El Ministerio Público estima que, en principio, ambos socios fundadores de la empresa son objeto de la querella, sin perjuicio que pueda ampliarse a más personas por parte del TSJA.

El ministerio público halla indicios delictivos en la ayuda recibida por su empresa para un proyecto que nunca se ejecutó

Según explican desde la Fiscalía, la denuncia inicial fue presentada por la Asociación Facua-Consumidores en Acción, aunque posteriormente se recibió una segunda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El ministerio público halló indicios de fraude en subvenciones, tipificado en el artículo 308 del Código Penal, y decidió elevar la causa a la Fiscalía Superior al ser Serrano aforado.

La investigación judicial apunta a que Serrano y Pelegrín fundaron en 2016 una sociedad para la fabricación de biocombustible en Huelva, en la que el ex militante de Vox ejercía de administrador con un 60% de las participaciones. La empresa se constituyó sin capital económico, ya que en su lugar se aportó maquinaria diversa para el proyecto a desarrollar. Sin embargo, la fiscalía cuestiona la titularidad de esa maquinaria, considerando que «indiciariamente no se ajustaba a la verdad» que fuera propiedad de los socios.

La empresa recibió una ayuda del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por importe de 2.489.000 euros con cargo a los fondos del Programa Reindus, que establecía que el proyecto debía ejecutarse «desde el 1 de enero del año correspondiente a la convocatoria y hasta un plazo máximo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión. Sin embargo, la investigación constata que el proyecto de fabricación de pellets nunca se ejecutó.

En agosto de 2018, Industria reclamó a los socios que aportaran la documentación necesaria para justificar la ayuda, iniciando el procedimiento de reintegro del préstamo al no tener noticias. Al no obtener respuesta, el caso pasó a la Agencia Tributaria, que en octubre de 2019 reclamó la devolución de la ayuda más los intereses devengados.

Tras conocerse la denuncia, Serrano pidió comparecer voluntariamente ante la Fiscalía Provincial de Sevilla, y explicó que se desvinculó de la sociedad en octubre de 2017 por pérdida de confianza en su socio, en quien descargó toda la responsabilidad de la gestión de la sociedad que fundaron. Asimismo, atribuyó las acusaciones a una respuesta a las críticas que su formación había hecho contra las entidades afines al anterior gobierno andaluz socialista convertidas en «chiringuitos» que vivían a costa de ayudas públicas, en alusión a la asociación de consumidores. «Tengo la conciencia muy tranquila. No he visto ni un solo euro del crédito que se solicitó y mucho menos tengo responsabilidad alguna con que no haya sido devuelto en los plazos marcados», explicó entonces en sus redes sociales.