Rodrigo Rato. / EFE

La Fiscalía acusa a Rato por 11 delitos y de defraudar 8,5 millones

Anticorrupción reclama penas superiores a los 70 años de cárcel por mantener su patrimonio oculto al fisco desde 1999

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato dentro de la causa que investiga un juzgado de Madrid sobre el origen de su patrimonio desde 1999. El Ministerio Público cifra en más de 8,5 millones de euros la cuota defraudada en diferentes ejercicios fiscales por el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace escasas semanas quedó en semilibertad tras cumplir buena parte de su pena por la causa de las 'tarjetas black' de la extinta Cajamadrid.

Los acusadores atribuyen a Rato 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción en los negocios y otro continuado de falsedad en documento oficial y mercantil. Por todos ellos reclaman un mínimo de 70 años de cárcel, según ha comunicado la Fiscalía.

En su informe, Anticorrupción señala que Rato, de 72 años, ha mantenido un patrimonio oculto al fisco durante años a través de diversas sociedades, entre ellas cuatro mercantiles radicadas en Irlanda, Reino Unido y Panamá. Unas sociedades con las que el acusado «ha realizado actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Suiza o Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos delictivos desde 2005 hasta 2015».

El escrito describe la colaboración particularmente relevante que en tales operaciones habrían tenido el excuñado de Rato, Santiago Alarcó, y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero manejando sus cuentas en el extranjero y gestionando estructuras societarias que servían a los intereses del acusado; y el segundo administrando la sociedad española Kradonara y organizando la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de «cuentas ómnibus» tituladas por el conglomerado gibraltareño Finsbury.

Entramado internacional

La documentación intervenida en las entradas y registros efectuadas el 16 de abril de 2015 en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid, así como en otras localizaciones en Cádiz, «ha permitido conocer que Rato ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el fisco español, que ha operado a través de depósitos en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de sociedades opacas».

El acusado se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal del Gobierno del PP, declarando ser el propietario de la mercantil Red Rose Finantial, omitiendo cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333 euros y pagando a la Hacienda española el 10% del mismo como peaje.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, el exministro de Economía (2000-2004) en el Gobierno de José María Aznar -artífice del llamado «milagro económico español»- ha realizado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados.

A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Agencia Tributaria, han resultado cuotas defraudadas por importe de 7,4 millones en los ejercicios mencionados. A esta cantidad hay que añadir las sumas procedentes de la tributación de servicios profesionales del acusado a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, como es el caso de los servicios prestados a Telefónica o la realización de conferencias tras haber dirigido el FMI. Así, el total de las cuotas presuntamente defraudadas asciende a más de 8,5 millones.

Del mismo modo, en la instrucción de este procedimiento existen indicios racionales de que Rato, siendo presidente de Caja Madrid-Bankia, cargo que ocupó entre enero de 2010 y mayo de 2012, cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad firmó con las compañías Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a bolsa de Bankia.