El fiscal general, sin coartada: testigos clave niegan en el Supremo un protocolo de borrado de mensajes

Cuando la propia UCO desveló en un informe el pasado diciembre que en el móvil de García Ortiz había «0 mensajes», el equipo de comunicación de la Fiscalía General se esmeró en explicar hasta la saciedad que el formateado respondía a la «Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal», que fija en su artículo 7.3, las «obligaciones de las fiscalías, unidades y de los demás órganos del Ministerio Fiscal», de llevar a cabo la «destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso».

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La Fiscalía General sostuvo que cíclicamente hace un borrado del contenido de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos por razones de seguridad, tanto del fiscal general del Estado como del resto de miembros de la institución. Y que a veces, en el marco de esas mismas tareas de protección, se procede al cambio de las terminales.

Sin embargo, nadie confirma que esa instrucción derivase en un protocolo que obligara al borrado de móviles. Tampoco los dos testigos claves de esta causa contra García Ortiz que declararon el jueves: la propia Lastra y Julián Salto, el fiscal que acusaba Alberto González Amador, pareja de la presidenta.

El testimonio de Salto –explican en el Supremo- tiene un especial valor, porque además de ser fiscal de la Sección de Delitos Económicos, es también el responsable de las aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías de la institución en la Comunidad de Madrid (coloquialmente conocido fiscal SIM, por Sistema Informático del Ministerio Fiscal). Salto negó de manera categórica que exista un protocolo interno de seguridad que obligue al borrado periódico de las memorias y mucho menos que obligue a cambiar de terminal o formatear el aparato.

Lastra, ante el Supremo, también negó conocer la existencia de ese protocolo y aseguró que nunca le han obligado desde Fiscalía a borrar mensajes de su móvil . Es más, que siempre que le han cambiado de móvil oficial los informáticos le han volcado toda la información del viejo teléfono en el nuevo terminal.

El testimonio de Lastra y, sobre todo, de Salto se unen a otras evidencias de que en la Fiscalía General no existían órdenes de borrados periódicos, como prueba el hecho de que ni la propia lastra ni la fiscal jefe Provincial Pilar Rodríguez, coimputada en esta misma causa con García Ortiz, no borraran los mensajes de las fechas que están bajo sospecha por la filtración ( del 8 al 14 de marzo de 2024). No se conoce tampoco que ningún fiscal haya confesado públicamente que su móvil ha sido formateado de forma periódica por órdenes de los servicios técnicos del Ministerio Público.

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A la espera de que García Ortiz dé explicaciones en el Supremo, el nerviosismo en la Fiscalía General crece, según confiesan fuentes internas de la institución, sobre todo porque tienen la convicción de que el juez del Supremo va a reclamar al fiscal general que entregue el terminal físico que usaba el pasado marzo en cuanto la UCO informe al instructor Hurtado del IMEI de ese aparato, el número que identifica a cada terminal que existe en el mercado. Si ese terminal, propiedad del Estado, no ha sido destruido, los expertos forenses de la Guardia Civil están convencidos de poder recuperar al menos parte de la información borrada.