El ministro de Sanidad, Salvador Illa. / EFE

El Congreso votará este jueves la prórroga de seis meses del estado de alarma

PP y Vox reprochan al Gobierno que Sánchez no acuda a defender la medida a la Cámara baja, un papel que ejercerá el ministro Salvador Illa

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El Gobierno tiene prisa por zanjar la prórroga del estado de alarma de seis meses –hasta el 9 de mayo– y llevará la propuesta este jueves al Congreso de los Diputados para someterla a votación. Un plazo que sigue siendo innegociable, según reiteró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que volvió a confirmar este martes la negativa de Moncloa a la petición del Partido Popular de rebajar medida a ocho semanas. «Entendemos que es un periodo razonable hasta que se pueda producir una inmunización colectiva cuando llegue la vacuna», explicó en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que también desgranó el proyecto de Presupuestos.

PP y Vox también reprocharon al Ejecutivo que el encargado de defender la prórroga en la Cámara baja sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en vez de Pedro Sánchez, como había sido habitual entre marzo y junio. El presidente no estará presente en la Cámara baja al encontrarse en una videoconferencia extraordinaria en la que se debatirán junto al resto de socios de la Unión Europea posibles actuaciones comunes para el sector turístico en el continente, aunque su inicio no está previsto hasta las 18:30 horas de ese día. «Es de obligada asistencia», justificó Montero.

A Moncloa le salen las cuentas, pero el plazo para negociar es corto y el Gobierno no tiene esta vez asegurados los votos para bloquear el estado de alarma medio año más. Ni siquiera por parte los socios del bloque que apoyó la investidura de Sánchez en enero. Los portavoces de Esquerra (13 diputados), EHBildu (5), JxCat (4),Más País (2) o Compromís (1) se mostraron ayer favorables a la medida, pero coinciden en criticar que su amplia duración eximiría al Ejecutivo de requerir el apoyo parlamentario para mantener las restricciones. Por ello, buscan establecer una posición común y preparan una enmienda que obligue aSánchez a «rendir cuentas» periódicamente en el Congreso.

Estos partidos estudian una gama de opciones que oscila entre exigir la mera comparecencia de Sánchez en la Cámara baja o, directamente, forzar al Gobierno a que las prórrogas del estado de alarma duren solo un mes.

El diputado de ERCGabriel Rufián, de cuya formación depende en gran parte que la balanza se incline hacia un lado o a otro, llegó a calificar el plazo de la prórroga de «democráticamente peligroso». Los soberanistas quieren esperar a que las negociaciones terminen para decidir su voto, al igual que hará Bildu. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, reconoció que en una situación «insostenible» como la actual el estado de alarma es «necesario», pero su duración le parece «excesiva».

Control parlamentario

El debate se sitúa ahora entre el malestar de la mayoría de grupos, que no quieren perder el papel de contrapeso que ejerce el Congreso sobre la acción del Gobierno, y lo que el Ejecutivo entiende como una medida para evitar que los jueces tumben las medidas restrictivas que paulatinamente vayan adoptando las Comunidades Autónomas, como ha ocurrido en los últimos meses. «Se trata de dar un amparo constitucional estable a las medidas que vayan aplicando las autonomías en función de la situación epidemiológica en sus territorios», justificó Montero, que asegura no entender las reivindicaciones de los partidos que piden rebajar la duración del plazo propuesto porque, como interpreta, «el presidente se someterá todas las semanas a las preguntas de control de la oposición».

En el lado contrario de la bancada parlamentaria, el PP se mantiene firme en su petición de apoyar el estado de alarma solo si este se limita a ocho semanas. «Sánchez está a tiempo de rectificar y pactar nuestra propuesta de reducir el plazo de la alarma y legislar de una vez contra la pandemia», volvió a insistir ayer Pablo Casado. La otra exigencia de los populares es la modificación de la ley orgánica de salud pública para que las autonomías puedan restringir los movimientos de su población si necesidad de decretar medidas «más excepcionales». Un punto que también es motivo de fricción en el posible entendimiento con el Gobierno, que mantiene que «la única solución es el estado de alarma», como afirmó su portavoz.