Las dudas sobre Podemos lastran la promesa de Sánchez de presentar Presupuestos

Está por ver siquiera que la promesa hecha por Sánchez en su balance de fin curso el pasado lunes –la de que esta vez sí presentará un proyecto presupuestario específico para el próximo ejercicio– llegue a materializarse. La propia ministra de Hacienda y número dos del Gobierno, María Jesús Montero, contribuyó a sembrar dudas al respecto el jueves. «Entenderán que no se puede dar el pistoletazo de salida a algo tan complejo como es elaborar unas Cuentas Públicas si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlo», dijo en TVE.

Ese planteamiento es justamente el que provocó el escenario inédito que vive la política española, el de un Gobierno que ni siquiera se ha molestado en llevar a las Cortes un solo proyecto presupuestario en sus dos primeros años de mandato. En sentido estricto, Sánchez no ha inventado nada. La veda la abrieron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro cuando en 2017, en el momento álgido del 'procés', decidieron obviar los plazos constitucionales para la presentación de unas Cuentas que, no obstante, se aprobarían en mayo de 2018.

La diferencia está en que aquel Gobierno del PP entendió que sus problemas para lograr una mayoría suficiente eran coyunturales y, una vez creyó que lo peor de la crisis política había pasado, aprovechó su ventana de oportunidad. El Ejecutivo actual es consciente de que su problema es más estructural.

El propio Sánchez insistió en su balance en que el PSOE únicamente tiene un «socio», que es Sumar –juntos apenas reúnen 145 de los 350 diputados del Congreso– y el resto son grupos que unas veces respaldan sus iniciativas y otras no. Pero el presidente relativizó la situación con el argumento de que, al fin y al cabo, su partido es el único capaz de aglutinar una mayoría constructiva aunque no siempre lo logre.

Con los Presupuestos, sin embargo, la incertidumbre no vale. Una cosa es que el Congreso tumbe al Gobierno un real decreto ley o una ley concreta, como ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de estos dos años, y otra muy distinta que rechace el proyecto que recoge, en términos económicos, sus prioridades políticas. Que a un Ejecutivo le echen atrás las Cuentas públicas es lo más parecido a perder una cuestión de confianza y verse obligado a convocar elecciones. Y en estos momentos hay más probabilidades de que eso sea lo que ocurra que lo contrario.

El principal obstáculo para los socialistas es, según su propio análisis, Podemos. La formación de Ione Belarra ya puso a la negociación el año pasado un precio imposible: la ruptura de todas las relaciones con Israel y la reducción del precio del alquiler en un 40%. Ahora ha añadido a sus exigencias que no se dedique ni un céntimo de euro más al gasto en defensa, cuando Sánchez ya se ha comprometido a alcanzar el 2% del PIB desde el 1,3% de 2024. El camino, pues, parece cegado.

A esta hay que añadir otras dificultades. Junts tumbó hace un año los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto, antesala de los Presupuestos. El Gobierno volvió a enviarlos a la Cámara dos meses después, en septiembre, y acabó retirándolos ante la evidencia de que iba a obtener el mismo resultado. Y aunque Montero se pasó meses afirmando que estaba trabajando en un acuerdo para un intento final, este nunca llegó. En el último pleno de este curso, la formación de Carles Puigdemont lanzó un nuevo aviso a navegantes al votar en contra del decreto antiapagones. Así y todo, fuentes gubernamentales creen que sería más fácil que esta formación entrara al trapo presupuestario –sobre todo, si en septiembre el Constitucional da amparo al expresident contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía– a que lo hagan los morados, en pugna feroz con Sumar.

También creen los socialistas que, llegado el caso sería posible persuadir a ERC, aunque Oriol Junqueras insiste en que ni Salvador Illa ni Sánchez podrán contar con sus votos para aprobar Presupuestos si no se cumple el pacto para dotar a Cataluña de una «financiación singular» que tanto el Ejecutivo central como el autonómico han ido rebajando. Con el resto de fuerzas no habría tanto problema. PNV y Bildu, en concreto, ya se han mostrado abiertos a la negociación.

Pero lo cierto es que, pese a la promesa de Sánchez, hasta ahora Hacienda no ha dado ni uno solo de los pasos necesarios para cumplirla. Ni se ha publicado la orden para que cada ministerio comunique sus necesidades de gasto; ni se han fijado el límite de gasto no financiero (el techo de gasto) ni los objetivos presupuestarios; ni se ha validado la actualización del cuadro macroeconómico. Montero aseguró este jueves que todo eso lo hará a la vuelta del verano. Y, entre tanto, se seguirán ganando meses de legislatura.