Roger Torrent, en una reciente intervención en el Parlment catalán. / E. P.

El conseller Torrent, en el banquillo por desobediencia el 12 de julio

El que fuera presidente de Parlament catalán es el actual titular de la cartera de Empresa de la Generalitat

CRISTIAN REINO Barcelona

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para dentro de dos meses la fecha del juicio oral contra los cuatro miembros secesionistas de la anterior Mesa del Parlament, incluido el expresidente de la Cámara catalana, Roger Torrent. El juicio será entre el 12 y el 15 de julio.

Roger Torrent, actual consejero de Empresa de la Generalitat; Josep Costa, exvicepresidente del Parlament; y los exvocales Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado serán juzgados por un presunto delito de desobediencia grave, por haber ignorado presuntamente los avisos del Tribunal Constitucional y haber admitido a trámite y permitido el debate en un pleno de la Cámara catalana de 2019 propuestas de resolución «manifiestamente contrarias a la Constitución», que reprobaban la monarquía y se comprometían a ejercer la autodeterminación.

La Fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Roger Torrent. De ser condenado de manera firme, perdería el acta de diputado y debería cesar como consejero de Empresa de la Generalitat. Torrent sucedió a Carme Forcadell como presidente del Parlament. Forcadell fue condenada por su implicación en el desafío secesionista de octubre de 2017. Como presidenta de la Cámara catalana, permitió el debate y votación de los plenos que aprobaron las leyes de la desconexión y la declaración unilateral de independencia. Fue condenada a once años de prisión por un delito de sedición. El Gobierno la indultó hace un año.

Torrent y los otros tres miembros nacionalista de la mesa autorizaron tramitar dos mociones tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés', en 2019. Una afirmaba que el Parlament «reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político» y la otra decía que el «Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados la reprobación de la monarquía». «Los hechos que se recogen en la presente resolución se consideran indiciariamente constitutivos de un delito de desobediencia grave del artículo 410 del Código Penal», afirmó en el auto de procesamiento la magistrada Maria Eugènia Alegret.

El auto de procesamiento aseguró que Torrent y los otros miembros secesionistas de la Mesa acordaron admitir a trámite las propuestas de resolución, para su discusión en el pleno, «con manifiesta y previamente concertada voluntad de infringir el mandato inequívoco de las resoluciones del Alto Tribunal». Según la magistrada, eran «plenamente conocedores» del contenido y los apercibimientos del Tribunal Constitucional y actuaron con «desprecio a la legalidad constitucional».