La alcaldesa de Barcelona Ada Colau. / EFE/VÍDEO: Europa press

Colau pide ante el juez el archivo de su causa

La alcaldesa de Barcelona está investigada por cinco delitos por irregularidades en unas subvenciones otorgadas a dedo a entidades afines a los comunes

CRISTIAN REINO Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declara este viernes ante el juez, como investigada por presuntas irregularidades en unas subvenciones otorgadas por el consistorio barcelonés entre 2019 y 2020 a entidades afines a En Comú Podem. Colau está imputada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público. Colau ha reclamado el archivo de la causa.

Según su abogado, los querellantes «tuvieron la habilidad de coger cuatro hechos desvinculados y generar un relato que ocasione que se admita a trámite y que se abra una investigación». «Es solo una cuestión del tiempo necesario para que el juez llegue a la misma conclusión que la Fiscalía, que es que no hay delito y lo que toca es archivar el caso», ha reiterado antes de la comparecencia de la alcaldesa. Los letrados de la dirigente barcelonesa apuntan que Colau sufre una persecución ideológica y que una decena de causas similares y de intentos de imputarla ya han sido archivados en los últimos años.

La entidad que presentó la querella -la Asociación para la transparencia y la calidad democrática-, que desde el entorno de Colau vinculan con el sector empresarial de la gestión del agua, acusa a la edil barcelonesa de firmar de manera arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público una serie de ayudas económicas para entidades afines a los comunes. Estas organizaciones son el Observatorio Desc, donde trabajaba la propia alcaldesa antes de dar salto a la política institucional; Ingenieros sin fronteras; la PAH, de la que Colau fue portavoz y su figura más visible; y la Alianza contra la Pobreza energética. En el entorno de la alcaldesa acusan a la firma Agbar de intentar frenar por la vía de la presión judicial la voluntad del consistorio barcelonés, gobernado por comunes y socialistas, de remunicipalizar la gestión del agua.

Una denuncia similar fue archivada por la Fiscalía en el verano pasado por las mismas ayudas. La denuncia iba dirigida contra Colau y los diputados del Congreso y exconcejales en el Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens y Gerardo Pisarello. El Ministerio Público abrió diligencias tras una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución por subvenciones de 3,4 millones de euros a las mismas entidades sociales.

Colau ya presentó un recurso ante el juez para pedir el archivo de la causa, desde el argumento que no intervino directamente en la concesión de estas ayudas públicas a las entidades. En su comparecencia, ha insistido en este argumento. La alcaldesa comparece en el juzgado desde las 10.30 de la mañana. Ha llegado a la ciudad de la justicia y ha evitado a los periodistas. También ha esquivado las dos concentraciones que se han convocado a las puertas del tribunal, una de partidarios y otra de detractores de la alcaldesa, que ve comprometido su futuro con esta causa penal. Desde la oposición han pedido su dimisión y le han recordado que el código ético de los comunes establece que los dirigentes de la formación se comprometen a cesar de su cargo si son imputados por corrupción.