Las claves de un preacuerdo para investir a Illa y empezar a desplegar la Hacienda catalana desde 2025

Ambas partes reconocen, como en el preámbulo de la ley de amnistía, que la naturaleza del «conflicto político entre Cataluña y el Estado español» tiene profundas raíces históricas. Socialistas y y republicanos llaman a abrir una «nueva etapa» que se centre en la resolución del conflicto y aborde el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucionalmente y jurídicamente este reconocimiento. También señalan la necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean «refrendados por la ciudadanía».

A partir de los trabajos que ha iniciado el Govern esta legislatura para pactar un acuerdo de claridad a la canadiense para celebrar un referéndum, el preacuerdo se compromete a impulsar una «convención nacional para la resolución del conflicto». Estará presidida por ERC. El nuevo Gobierno catalán creará una oficina que asegure los recursos humanos técnicos y materiales para desarrollar sus funciones.

Desde la premisa de que Cataluña sufre una «infrafinanciación» y de que el modelo de régimen común está caducado, los do partidos abogan no por reformar el modelo común, sino «cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad». «Hace falta un sistema basado en una relación bilateral con el Estado y un aumento sustancial de la capacidad normativa y de la capacidad de gestión que garantiza la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalitat», señala el documento.

De esta forma, han pactado que sea la Generalitat la que «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos en Cataluña», a través de la Agencia Tributaria catalana, salvo los de naturaleza local. El acuerdo señala que la aportación catalana a las finanzas del Estado se hará por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y por una cuota de solidaridad. Será a través de un porcentaje de participación en los tributos y la cuota de solidaridad estará limitada por el principio de ordinalidad. «Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben», asegura.

El desarrollo de una «Hacienda catalana», según el documento, debe ser una prioridad para el próximo Govern. El objetivo es que de forma progresiva asuma las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña. El desarrollo de este «nuevo sistema de financiación singular» empezará a formalizarse durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat. A partir de ahí, deberán impulsarse los acuerdos que se alcancen en esa comisión bilateral. El objetivo final, según el preacuerdo, es l asunción por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña de la gestión completa de todos los impuestos, aunque no incluye ninguna fecha final. La Hacienda catalana necesitará cambios en la Lofca y la ley de cesión de tributos. De entrada, la campaña de la renta del ejercicio de 2025, la realizará ya la Agencia tributaria catalana.

El documento reconoce a Cataluña como una nación con lengua propia y voluntad de proyectarse al mundo. Una nación donde el catalán ha de actuar como «lengua común» y de progreso. El PSC y ERC se comprometen a reforzar con la máxima ambición la política lingüística. Habrá una consejería dedicada a la defensa de la lengua catalana, que la califica como «lengua propia» y que ha de ser «normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje» en el sistema educativo.

El preacuerdo consolida la red de delegaciones catalanas en el exterior, llama a promover la presencia de Cataluña en organismos exteriores y aboga por la creación de una oficina, adscrita al Govern, que promueva el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas para que puedan participar en competiciones en el exterior. Pone el foco en aquellas federaciones catalanas que se constituyeron antes que las federaciones españolas.

Ambas formaciones ponen freno al proyecto del Hard Rock en Tarragona, paralizan la ampliación del aeropuerto de El Prat, como defiende ERC, así como mantener la energética pública, impulsar la renta básica universal, no eliminar ningún impuesto vigente y acuerdan el compromiso de levantar 50.000 pisos sociales nuevos.