La Cámara baja rechaza las «injerencias» del magistrado

El artículo 21.2 del texto que regula el funcionamiento del Congreso contempla la suspensión cuando «concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento» un parlamentario esté en situación de prisión preventiva «y mientras dure ésta». En el caso de Ábalos no había, ya de antemano, auto firme de procesamiento al tratarse de un procedimiento abreviado. Sin embargo, los letrados interpretaban que, de ir a prisión, podía obviarse ese requisito para aplicarle igualmente la suspensión.

Pero sin prisión preventiva, la cosa cambia y el hecho de que, pese a su decisión de dejar al exministro en libertad, el juez lanzara ayer al Congreso una patata caliente al sugerir que haría bien en buscar el modo de apartar a un diputado cuando, como en este caso, existen «consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos» relacionados con el ejercicio de la función pública no fue muy bien recibido. «Nosotros creemos en la separación de poderes y en que el papel del poder judicial es cumplir las leyes, no opinar sobre ellas», aducen en el entorno de Armengol.

Ábalos seguirá, pues, cobrando su sueldo de diputado (en su caso, un salario neto de 5.581,90 euros por 14 pagas) y votando en cada pleno; lo que ' a priori' favorecce al Gobierno en una legislatura de votaciones al límite. Aunque pasó al Grupo Mixto tras negarse a entregar el acta como le exigió en febrero de 2024 el PSOE, en la inmensa mayoría de las ocasiones ha seguido votando junto a su antiguo partido.

Puede parecer poca cosa, pero un solo voto puede, en la actual tesitura, resultar crucial. Las ya de por si agónicas votaciones de normas impulsada por ej Ejecutivo se tornan aún más complicadas con un único error. Solo hay que pensar que Sánchez tiene enfrente un bloque de oposición de 171 diputados del PP, Vox y UPN y basta con que Podemos, con cuatro diputados, coincida con ellos para tumbar cualquier iniciativa con un empate a 175.