Carlos Lesmes. / EFE

El bloqueo político lleva la Justicia al límite

El curso judicial comienza con el CGPJ camino de su cuarto año de interinidad, 64 vacantes en la cúpula de la Magistratura y tensión en el Tribunal Constitucional por su inminente renovación

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

«La única anomalía democrática que existe hoy en España es la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial». Con una rotundidad inusitada, el pasado 15 de junio el presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, señaló a los partidos políticos por incumplir su responsabilidad constitucional de renovar el CGPJ, que camina hacia el cuarto año de interinidad el próximo diciembre. Un récord absoluto desde su nacimiento hace casi 42 años.

Lesmes se despachó con estas palabras tras reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova, que viajó a España para poner en tela de juicio la politización del órgano de gobierno de los jueces y reclamar cambios para ajustar el nombramiento de sus vocales a los estándares europeos (que los jueces puedan decidir directamente la designación de sus pares).

Por mucho eco que tuvieran estas declaraciones en los medios de comunicación, la realidad es que no generaron ningún impacto sobre los dos actores que imposibilitan el desbloqueo: PSOE y PP, sabedores de que la Justicia no da votos. Pese a depender únicamente de ellos por la mayoría parlamentaria que ostentan –suman dos tercios de los escaños en el Congreso–, siguen sin ponerse de acuerdo para nominar a los 20 vocales que componen el Consejo. Y lo peor de todo es que a día de hoy «todos los puentes están rotos», admite un conocedor de las negociaciones.

Lejos de pensar que con el nuevo equipo de Alberto Núñez Feijóo iban a desaparecer los obstáculos que impidieron llevar a puerto la negociación iniciada con el PP de Pablo Casado, las posturas entre los dos negociadores, el socialista Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons, están alejadas y no hablan desde antes del verano.

Esta «grave situación» –reconocida desde todos los estamentos de la Judicatura– marcará la apertura del año judicial, el solemne acto que presidirá el Rey el próximo miércoles y que contará con la presencia de la cúpula togada, ministros del Gobierno y dirigentes del PP. Será una nueva ocasión para que Lesmes recuerde a los presentes la obligación constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces, responsable entre otras tareas de hacer nombramientos, imponer sanciones o elaborar informes sobre proyectos legislativos.

El Tribunal Supremo, en «dificultades»

El presidente del CGPJ considera que esta interinidad está erosionando también el normal funcionamiento de los altos tribunales. El motivo es una norma impulsada por el Grupo Socialista y Unidas Podemos en el Congreso, que entró en vigor en marzo de 2021 y amputó la capacidad del Consejo de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras estuviera en funciones. Una restricción pensada para presionar al PP en la negociación, pero que ha acabado por afectar a aquellas plazas de magistrados que se han jubilado forzosamente a los 72 años o han terminado su mandato en estos 17 meses.

Así, el número de vacantes alcanza ya las 64 plazas. De ellas, 29 pertenecen a tribunales superiores autonómicos (siete de ellas corresponden a presidencias), 14 a puestos de magistrados en el Tribunal Supremo (cerca del 20% de la plantilla), la jefatura de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y 20 presidencias de sala en las audiencias provinciales. En dos ocasiones, octubre de 2021 y junio pasado, la Sala de Gobierno de Supremo ha transmitido al Congreso su «honda preocupación» por las «graves dificultades» que atraviesa el alto tribunal, que de continuar el bloqueo en el CGPJ dictará unas mil sentencias menos cada año, según se estima.

La ministra de Justicia Pilar Llop, en respuesta a unas declaraciones de Núñez Feijoo, cuantificó el pasado martes el dinero que le está costando a los españoles la falta de renovación. Afirmó, entre críticas al líder del PP de que no caben «chantajes ni condicionamientos» para cumplir con la renovación, que el gasto en refuerzos en el Supremo alcanza ya los 1,3 millones de euros hasta la fecha. Una cifra que asciende a 12,5 millones en el sistema de justicia en su conjunto.

Al desacuerdo para poner fin a la caducidad del Consejo se sumó a mediados de junio otro elemento que ha redoblado la tensión entre los distintos poderes del Estado. Se trata de la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) –cuatro de sus 12 miembros–, cuyo mandato vencio antes de verano.

La contrarreforma socialista

Ante la posibilidad de que se perpetúe la composición de la corte de garantías, con claro dominio conservador, impidiendo el cambio de mayorías acorde a la actual representación parlamentaria, PSOE y Unidas Podemos han promovido una modificación exprés de la ley para que el CGPJ sí pueda nombrar en este caso a sus dos magistrados al TC pese a estar en funciones. Las otras dos designaciones corresponden al Gobierno. La fecha límite para consumar este proceso es el lunes 12 de septiembre. Pero antes, este jueves, está convocado un pleno extraordinario en el Consejo para examinar la lista de candidatos.

El intento de Lesmes de buscar el mayor consenso posible entre los vocales está siendo por ahora en balde. La propuesta de nominar a magistrados procedentes del Supremo, y más concretamente de la Sala Penal, se ha encontrado con dos negativas significativas: la del presidente Manuel Marchena y la de Antonio del Moral, según confirman fuentes de su entorno.

El ambiente en el Consejo está muy viciado por la larga interinidad y la contrarreforma socialista ha acentuado la división entre los vocales. El bloque conservador reclamó un pleno para debatir el texto y llevarlo a las instituciones europeas. Sin embargo, su posición de fuerza quedó mermada por la fuga de vocales afines que no han querido sumarse a su postura frentista.

Pese a que no le guste la reforma, Lesmes cuenta con una mayoría suficiente para sacar adelante los dos nombramientos al Constitucional (se requieren tres quintos de los votos del pleno). De consumarse, este confía en que sirva de impulso para poner fin de una vez al bloqueo político en el gobierno de los jueces.

El fiscal general y la contestación interna

Álvaro García Ortiz juró su cargo el pasado 2 de agosto como fiscal general en sustitución de Dolores Delgado, que renunció por motivos de salud. El que fuera fiscal jefe de la Secretaría Técnica, el órgano de apoyo del máximo responsable Ministerio Público, llegó al cargo entre una fuerte contestación interna y externa y con el dilema de seguir la línea de su antecesora –marcada por el control de los principales órganos de la institución a través del nombramiento de fiscales afines– o emprender una política propia y buscar mayor interlocución con sus críticos en el Consejo Fiscal. Lo cierto es que la llegada de García no fue del todo tranquila. Es más, pareció que le habían tomado la matrícula por su tarea en la Secretaría Técnica en estos dos años y medio de mandato.

El caso es que siete de los 18 vocales del Consejo General del Poder Judicial consideraron que no reunía los requisitos legales para el cargo por su falta de idoneidad. Los representantes del llamado bloque conservador criticaron su excesiva politización y parcialidad en un durísimo voto particular. Apuntaron a su «apariencia de vinculación» con el Gobierno y a que su trayectoria no permitía formular «un pronóstico positivo de gestión».

La Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció García, calificó este voto como «perturbador» por «inmiscuirse en la autonomía» del Ministerio Fiscal. El aludido se defendió a finales de julio en su comparecencia en el Congreso. Fue una sesión bronca, con PP, Ciudadanos y Vox encendidos en contra de su designación. «La Constitución prohíbe los tribunales de honor, pero yo me he sentido en uno porque unas personas se han lanzado a buscar recortes de prensa para decir por qué no soy idóneo, sin posibilidad de audiencia ni contraste», reprochó.

Con esta marejada de fondo, García protagonizará junto a Carlos Lesmes la apertura del año judicial el miércoles en el Tribunal Supremo. Su discurso delante del Rey será seguido con atención. Pero antes, mañana lunes, tomará posesión de su cargo en el alto tribunal con la presencia de la cúpula judicial y fiscal, aunque veremos si con ausencias. Como aperitivo, uno de los nuevos integrantes del Consejo Fiscal, Salvador Viada, remitió un escrito a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, con el objetivo de que este órgano consultivo se pronuncie sobre las facultades que se atribuye la Secretaría Técnica para intervenir en asuntos concretos. Viada denunció los «hábitos preocupantes» de García cuando ocupó el cargo.