La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso, el 10 de septiembre, cuando se rechazó el decreto municipal. / EP

Los ayuntamientos mantienen el pulso con Hacienda y reclaman más ayudas

La Federación Española de Municipios y Provincias discutirá esta semana una propuesta que quiere incorporar al decreto de Montero

Cristina Vallejo
CRISTINA VALLEJO

Es uno de los conflictos de más relieve en una época llena de ellos: el choque entre los ayuntamientos y Hacienda que llevó al Gobierno a su primera derrota de la legislatura, ya que el Congreso tumbó su decreto con medidas –en algunos casos controvertidas– de apoyo a las corporaciones locales.

El desenlace del conflicto puede no estar lejos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reunió el jueves para diseñar una propuesta complementaria al decreto que preparó Hacienda en sustitución del que no convalidó el Parlamento. Y está previsto que mañana, como todos los últimos martes de mes de forma ordinaria, se reúna su junta de gobierno y su junta de portavoces con un documento que discutir y, en su caso, aprobar.

No se descarta que pueda celebrarse una reunión extraordinaria este lunes para que todo vaya más rápido e, incluso, se apruebe un nuevo decreto el martes en Consejo de Ministros ya del gusto de todos los grupos que forman la FEMP y acordado con Montero. No es el escenario central, pese a que el permanente contacto entre el presidente de la Federación, Abel Caballero, y Hacienda puede haber adelantado trabajo.

El tiempo apremia a unos ayuntamientos apurados por el aumento de los gastos y la caída de los ingresos, pero puede ser un poco precipitado, y el decreto se puede retrasar una o dos semanas. Si es que acaba habiendo acuerdo entre los municipios y Hacienda.

Exigencia de 5.000 millones

«La FEMP no renuncia a nada», advirtió Abel Caballero, del PSOE y alcalde de Vigo, que enumeró como requerimientos tanto «el dejar sin efecto la regla de gasto y el resto de medidas contempladas en la última propuesta de Hacienda», como los también «imprescindibles» fondos de 5.000 millones y de transportes, así como habilitar el uso de los remanentes.

La última oferta de Montero es, afirman desde su departamento, en un 85% idéntica al decreto que tumbó el Congreso.El 15% restante era su parte más contestada:la cesión voluntaria de los remanentes de los ayuntamientos que los tuvieran a cambio del reparto de un fondo de 5.000 millones. De estos recursos quedarían al margen las localidades sin ahorros que ceder. Aunque lo que más protestó la oposición al Gobierno fue la suerte de 'usurpación' por parte del Estado de un dinero que no le correspondía –si bien este lo devolvería–.

Pero todo el decreto tumbado por el Congreso, también la cuestión de los remanentes, fue aprobado por la FEMP, si bien solo con los votos a favor del PSOE, y gracias al de calidad de su presidente. Que los demás partidos representados en la FEMP (PP, IU-Podemos, PDeCAT y Ciudadanos) estuvieran en contra y que a ellos se unieran otros hasta sumar una docena con una treintena de alcaldes en pie de guerra mostró la dimensión de un conflicto poco habitual, que llegó incluso a cuestionar el papel representativo de la FEMP de la voluntad municipal.

La unión de los cuatro

En la reunión que el martes pasado mantuvieron los portavoces de los cinco grupos representados en la junta de gobierno de la FEMP, los cuatro que no son el socialista, de los que Jorge Azcón (PP) ejerció de portavoz, pidieron a Caballero que «empiece a representar a todos los alcaldes de España y no solo al PSOE». También avisaron de que sus partidos no convalidarían el decreto de Montero tal y como estaba: sin el fondo para compensar la pérdida de ingresos del transporte, ni el de 5.000 millones que debería repartirse primando el criterio poblacional, además de una fórmula para usar los remanentes.

La cuestión más difícil es esta última. Los municipios no pueden utilizar todos sus recursos acumulados por varias e importantes razones: la Constitución, tras la reforma del artículo 135 en 2011, y la 'ley Montoro' o ley de estabilidad presupuestaria de 2012 obligan a las entidades locales al equilibrio fiscal –y los remanentes no se consideran ingresos del año en curso–, y también establecen que cuando se logren más ingresos de los previstos, estos se han de dedicar a reducir deuda o al ahorro. No es imposible que el desaguisado concluya con una mayoría para realizar reformas de calado que abolen esos límites.