El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la toma de posesión de su cargo. / EFE

Albares tiende puentes al «gran amigo» Marruecos tras la crisis diplomática y migratoria

Rodríguez apunta a la vivienda como materia prioritaria para su Ministerio mientras Llop ve «imprescindible» renovar el CGPJ

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid

Encarrilar las relaciones con «nuestro gran amigo» Marruecos. Es el principal objetivo que se ha marcado el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras su desembarco en el Palacio de Viana. La decisión, muy cuestionada, de su antecesora, Arancha González Laya, de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de coronavirus, en un hospital de Logroño a espaldas de Rabat han dejado casi rotas las relaciones con el país vecino.

Los servicios secretos marroquíes detectaron la presencia en España de quien consideran su enemigo público número uno por la pugna sobre el Sáhara Occidental, y lo hicieron público. Comenzó así un conflicto con el Gobierno de Pedro Sánchez al que Marruecos respondió abriendo la frontera y permitiendo la llegada a Ceuta, por tierra y mar, de más de 10.000 migrantes. «Los éxitos son de mi equipo, los errores son solo míos. No ha sido fácil», reconoció ayer la exjefa de la diplomacia española durante el traspaso de cartera.

Entre los primeros retos de Albares estará conseguir la vuelta a Madrid de la embajadora alauí después de que fuera llamada a consultas en plena crisis diplomática y migratoria. Karima Benyaich puso rumbo a su país entre duras críticas al Ejecutivo español y a la gestión de González Laya a la que acusó hacer «tergiversar los hechos y hacer comentarios inapropiados». De ahí que su salida haya sido celebrada en el país vecino e interpretada por la diplomacia «como una señal de apaciguamiento hacia Marruecos».

Desencallar la ley de vivienda

Con la ley de vivienda encallada, Raquel Sánchez Jiménez recogió el testigo de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Pese a que a mediados de junio PSOE y Unidas Podemos acercaron posturas después de que los socialistas cediesen a la congelación de los contratos de alquiler en zonas tensionadas, sigue habiendo un nudo que impide cerrar el acuerdo: la regulación directa para establecer un índice de precios en las zonas donde se ha disparado. Los morados exigen mecanismos que lleven a la bajada de los precios del alquiler y confían en que la sucesora de Ábalos se abra a su petición. «Contar con una ministra que conoce, por haber sido alcaldesa, el drama de los precios abusivos del alquiler que sufre la gente espero que ayude a que se cumpla el acuerdo de Gobierno y se regulen los precios del alquiler», remarcó ayer la líder de Podemos, Ione Belarra, en 'La Vanguardia'.

Como regidora de Gavá, Rodrigéz se acogió en mayo a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y limitar las rentas durante cinco años. Aunque en su discurso de presentación no hizo alusión a dichas negociaciones, la nueva titular de Transportes sí apuntó a la vivienda como materia prioritaria dentro de la hoja de ruta de su mandato al señalar que «hablar de inclusión es hablar de vivienda y del derecho de disponer de ella a precios asequible».

Equilibrio territorial

Isabel Rodríguez como nueva titular de Política Territorial tiene el cometido de mantener el equilibrio del frágil andamiaje territorial con la mirada puesta en Cataluña, aunque en su toma de posesión no hizo alusión alguna al conflicto catalán. «Creo que el acuerdo y el pacto siempre es una buena fórmula de trabajo. Nos hace sentir mejor que estar en la permanente confrontación», aseveró tras oficializarse el relevo de Miquel Iceta.

Será en septiembre cuando la ministra deba encarar la mesa de negociación Estado-Generalitat que debe dar salida a numerosos interrogantes. «Estaremos atentos a ver cuál es la propuesta del Gobierno», advirtió este domingo el presidente Pere Aragonès. En las últimas semanas, Iceta insinuó una oferta, en forma de referéndum sobre el autogobierno y la financiación, que los independentistas rechazaron de plano.

Órganos caducados

Con la renovación del Consejo General del Poder Judicial –que lleva dos años y medio en funciones– como uno de sus principales objetivos, la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, apostó en su estreno por el diálogo como «la clave para salir cuanto antes de la crisis».

Pese a que la primera tarea de Llop será reconstruir puentes con el PP para alcanzar un acuerdo, la sustituta de Juan Carlos Campo no hizo ningún guiño a sus interlocutores y centró sus retos en potenciar el diálogo con las comunidades, doce de las cuales tienen transferidas las competencias. Tampoco parece fácil un pacto para actualizar el Tribunal Constitucional. Aún así, la expresidenta del Senado no tira la toalla. Ve «imprescindible» desbloquear «cuanto antes» la remodelación del CGPJ y de «todos los órganos pendientes».