El empresario Luis Medina a su llegada al Juzgado. / efe

Medina acepta entregar la herencia de su abuela para cubrir la fianza

El investigado por el 'caso mascarillas' quiere evitar por todos los medios el embargo porque «la situación de insolvencia no existe». Las acusaciones populares piden al juez que cite al primo del alcalde de Madrid por presunto tráfico de influencias

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Luis Medina no está dispuesto a permitir el embargo de sus bienes de forma provisional para hacer frente a la fianza civil por el 'caso mascarillas'. El hijo del anterior duque de Feria y de Nati Abascal ha puesto a disposición del juzgado la herencia que le corresponde de su abuela, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, fallecida en 2013, para cubrir los cerca de 900.000 euros que le reclaman. Así consta en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, en el que la defensa del investigado por cuatro delitos ha argumentado que «la situación de insolvencia no existe».

«Como muy bien conoce el juzgado, en el mes de diciembre del año 2021, mi mandante obtuvo sentencia a su favor en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla como heredero de la fallecida doña María Eugenia Fernández de Córdoba, donde la cantidad a percibir excede con creces el importe embargado, por lo que sus derechos hereditarios cubrirán la meritada fianza, y que se pone a disposición del juzgado para realizar el embargo», recoge el escrito, que pasa por alto un dato no menor: la sentencia está recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la que tendrá la última palabra. En primera instancia, la justicia determinó que a Luis Medina le corresponderían 4,1 millones de euros, lo mismo que a su hermano Rafael. La Fundación que vela por el legado del Ducado de Medinaceli, creado por María Eugenia Fernández de Córdoba, prepara su defensa con documentos probatorios de que los hijos de la duquesa ya recibieron en vida la parte que les correspondía de la herencia.

Así es como se ha recurrido el auto con el que el magistrado imputó a Medina el delito de alzamiento de bienes, después de que éste vaciara la cuenta donde cobró la comisión -cerca de un millón de euros- con diferentes inversiones y compras hasta quedarse con 247 euros. En este sentido, según se señala en el documento, las disposiciones patrimoniales realizadas «no son fruto de que haya querido hacer desaparecer u ocultar sus bienes para frustrar el pago de acreedores, ya que no los tiene».

«Las cantidades obtenidas por la venta de los bonos -dos partidas de 200.000 euros cada una- se ha destinado a los gastos de su vida cotidiana», se explica en el documento, donde se añade: «No existe ánimo ni intención de perjudicar a acreedores, simplemente porque Luis Medina no los tenía y antes del dictado de los autos de embargo no había deuda, ni derecho de crédito por el que mi principal tuviera que responder, por lo que las disposiciones realizadas no se hicieron con ánimo defraudatorio».

Este mismo lunes, en su declaración de apenas media hora ante el juez, Medina justificó que el fiscal «nunca» le dijo que tuviera prohibido disponer de ese dinero ni que fuera delictivo cuando compareció en las diligencias abiertas por Anticorrupción. «No tengo intención de defraudar y no tengo ni un solo euro en el extranjero», defendió este lunes.

El primo del alcalde

De forma paralela, la acusación popular que representa a Podemos en el 'caso de las mascarillas' ha solicitado al juez Adolfo Carretero que declare como investigado el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, después de que ayer Medina manifestara que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través del abogado Carlos Martínez-Almeida para vender material sanitario, lo que supuso «una condición necesaria para el saqueo a las arcas municipales».

En un escrito, la acusación popular solicita su imputación y que declare como testigo María Díaz de la Cebosa, la profesora universitaria que dio a Medina el contacto del familiar del alcalde de Madrid. Asimismo, también reclama la declaración de dos directores de la entidad Deutsche Bank donde el investigado hizo ingreso de la comisión por «facilitar» el contacto del consistorio a su socio Alberto Luceño.

La coportavoz estatal de Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha subrayado que el hijo menor de Nati Abascal obtuvo «un beneficio económico de casi un millón de euros simplemente por conseguir este contacto», agregando que la intermediación de este familiar ha sido «condición necesaria para producir este saqueo a las arcas municipales».

«Sin la connivencia del alcalde y del entorno de un familiar próximo esta estafa no se hubiera producido. La única víctima es la ciudadanía madrileña y no el alcalde por mucho que se empeñe en decirlo», afirmó este martes.

Por ello, solicita la imputación del familiar de Almeida, ya que su conducta pudiera «indiciariamente» incardinarse en los hechos típicos descritos en el artículo 429 del Código Penal, el del tráfico de influencias. Por otro lado, la acusación popular que representa a Más Madrid ha solicitado que se cite a Carlos Martínez-Almeida en calidad de testigo.

Tras estas peticiones, el alcalde de Madrid ha defendido este martes de forma férrea a la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, quien se guió a la hora de elaborar el contrato de material sanitario en la pandemia por la «calidad del material» y la «rapidez» con la que este llegaría a la capital.

«Garantizaba (el contrato) el material de calidad y que estaría en Madrid en 20 días. Estas fueron las dos circunstancias que se tuvieron en cuenta. Hubo un millón de mascarillas en Madrid. Desde aquí mi respaldo total y absoluto a la negociación de Elena Collado, que tuvo la convicción de que era la mejor oferta», ha expresado el regidor madrileño durante su intervención en un pleno extraordinario para abordar el 'caso Mascarillas'.

Ha descrito a Collado como «una trabajadora admirable, extraordinaria persona y profesional, que trabajó de forma incansable» y ha recordado que el marco normativo para la negociación de ese contrato «lo fijó el Gobierno, que permitía las contrataciones de emergencia». «Decidimos hacer un convenio con la empresa de Servicios Funerarios para agilizar un mecanismo de acceso a esas compras, y que los grupos municipales tuvieran constancia. Todos fueron aprobados por la Funeraria», ha explicado a continuación.

A las peticiones de dimisión tanto de Collado como de la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, por parte de Luis Cueto, de Recupera Madrid, Almeida ha sido tajante al afirmar que «antes de que se vayan Elena Collado y Engracia Hidalgo de este Ayuntamiento» se marcharía él.