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El ministro del Interior, Grande-Marlaska. Efe
Marlaska acusa a la «derecha» de «instrumentalizar» a las fuerzas de seguridad

Marlaska acusa a la «derecha» de «instrumentalizar» a las fuerzas de seguridad

El ministro censura la presencia de los líderes del PP, Vox y Ciudadanos en la manifestación contra la ‘ley mordaza’

Lunes, 29 de noviembre 2021, 15:55

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La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue alimentado el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición cuando todavía no se han apagado los ecos de la multitudinaria manifestación del sábado en Madrid en la que miles de policías de diversos cuerpos exigieron al Ejecutivo que frene la derogación de esa normativa porque –alegan- los cambios pactados por PSOE y Unidas Podemos les dejan indefensos.

En su primera intervención pública tras la marcha del fin de semana, el titular de Interior no hizo, precisamente, por rebajar la tensión. Fernando Grande-Marlaska, en línea con los argumentos del PSOE durante los últimos días, acusó a la «derecha» de «instrumentalizar» a los policías. El ministro censuró de este modo que los líderes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos (Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, entre otros dirigentes de la oposición) participaran en la manifestación a la que acudieron 20.000 personas según la Delegación del Gobierno y más de 150.000 agentes de acuerdo con los cálculos de Jusapol, la plataforma policial que convocó la protesta y a la que se unieron medio centenar de otras asociaciones, colectivos profesionales y sindicatos de la Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos autonómicos y policías locales.

«No me parece totalmente adecuado en democracia que partidos políticos, en este caso, de la derecha, traten de instrumentalizar y patrimonializar algo que es de todos, como son las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado», espetó Grande-Marlaska en referencia a la presencia de representantes de los tres partidos de oposición en la protesta del sábado.

La manifestación policial no ha tenido, al menos por el momento, el más mínimo efecto en el Ejecutivo y los partidos que lo sustentan, que siguen con la firme determinación de comenzar el 14 de diciembre los trabajos parlamentarios para la derogación de la ley aprobada por la mayoría popular en 2015, con la intención de que la actual ‘ley mordaza’ pase a ser historia en 2022. Desde Moncloa recordaron hoy que la derogación de la normativa era un compromiso público de Pedro Sánchez desde la moción de censura que le llevó al poder en junio de 2018 y que si esta promesa no se ha cumplido antes ha sido por los retrasos parlamentarios provocados por las dos elecciones generales de 2019.

«Impagable»

El titular del Interior este lunes destacó el «servicio impagable al conjunto de la sociedad» que realizan los policías de todo el país «garantizando nuestra seguridad y que podamos ejercer todos nuestros derechos y libertades», pero dejó entrever a las claras que sus quejas no van a ser atendidas. Grande-Marlaska defendió la reforma que plantea PSOE y UP debe mantenerse en sus actuales términos porque persigue dos «principios fundamentales»: de un lado, el objetivo de dar «plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos» y, por otro, «con la misma entidad, garantizar y dar seguridad pública a la actuación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado».

El ministro insistió en presentar la reforma como inexcusable por las exigencias y recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa, así como la sentencia del Tribunal Constitucional que validó la 'ley mordaza', salvo algunas cuestiones como vetar la prohibición de la grabación de los agentes durante sus intervenciones, uno de los motivos por los que se quejan los sindicatos y asociaciones.

Grande-Marlaska también se refirió este lunes a otro de los puntos pactados entre socialistas y morados que levantan ampollas entre los uniformados: que el atestado policial pierda su presunción de veracidad, algo que, entienden los funcionarios, «equipara» a los policías con los delincuentes. El ministro insistió en que la propuesta de los partidos del Gobierno es que esta presunción sí que se mantenga «siempre que resulte coherente, racional y lógico lo manifestado en dicha declaración».

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