Las defensas abren el juicio con la tesis del «derecho a decidir»

12/02/2019

Los abogados de los dirigentes independentistas aseguran que el proceso judicial atenta contra la Constitución y penaliza «la protesta de los catalanes». Los letrados comienzan sus alegatos intentando desacreditar a los magistrados que juzgarán a los principales promotores del referéndum del 1-O

El juicio contra el procés comenzó en el Tribunal Superior con el alegato inicial de los abogados de los 12 acusados. Aunque las intervenciones continuarán este miércoles, los letrados defensores basaron su discurso en la tesis de que se trata de un juicio político contra el derecho constitucional «a decidir».

Sobre ese argumento, el abogado del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y del exconsejero catalán Josep Rull pidió a los magistrados del Tribunal Supremo que «hagan de jueces» y «no de salvadores de la patria». El letrado Jordi Pina expuso las cuestiones previas, dirigidas a denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados. El letrado dudó de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.

Para el abogado de Sánchez, cuatro de los siete miembros del tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas están «contaminados», entre ellos el propio presidente, porque fueron los magistrados que admitieron a trámite la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y cinco exmiembros de la Mesa, que inició la causa.

Ana Bernaola, en representación del exconsejero Turull, también pidió la suspensión del juicio hasta que no esté a su disposición toda la prueba documental. Se quejó también esta letrada de que la «nube virtual» mediante la cual los abogados tienen acceso al sumario presentaba varios fallos, como la existencia de carpetas vacías y parte del sumario al que no han podido acceder, y que los problemas técnicos persisten a día de hoy. Todo ello ha producido una vulneración del derecho de defensa.

Por último, para el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, estamos ante una «causa que penaliza y atenta al derecho a protestar, pues lo que hacen los catalanes es protestar». El letrado defendió el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y del Parlament a debatir sobre la independencia, aspectos que el Estado ha «criminalizado».

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