La jueza del 8M rechaza archivar el caso

La juez de Madrid que instruye la causa del 8-M se ha opuesto hoy al archivo de la causa contra el único investigado, el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco. En un extenso auto, Carmen Rodríguez-Medel ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado, al que se adhirió ayer de forma parcial la Fiscalía Provincial, y mantiene abierto el procedimiento contra el también secretario general del PSOE madrileño por un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas).

MATEO BALÍN / MADRID

La magistrada mantiene asimismo la declaración de Franco prevista para este miércoles y lanza un capote al trabajo de la Policía Judicial y del médico forense, quienes han señalado directamente a Franco por autorizar actos y manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo pese a conocer el riesgo de contagio que suponía ya el coronavirus.

Estas partes también se centraron en sus informes en la responsabilidad de Fernando Simón, director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad y cabeza visible de la gestión de la crisis sanitaria, pero la juez rechazó incluirlo en el procedimiento penal tras descartar en un primer momento el delito de lesiones por imprudencia y centrarse solo en el de prevaricación.

La resolución, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, rebate sobre todo los argumentos de la abogada del Estado Rosa Seoane, que defiende a Franco. Explica que tanto la tramitación de la instrucción en pleno estado de alarma como la supuesto indefensión del investigado carecen de fundamento. Primero porque la situación generada por la pandemia no impedía o prohibía realizar determinadas pesquisas o suspender los plazos, por lo que no cabe la nulidad de las actuaciones. Y en segundo lugar porque los hechos que se investigan ya han sido explicados con «claridad» en los sucesivos autos y providencias.

Fondo de la causa

Sobre esta mención, recuerda la juez que este procedimiento se circunscribe «única y exclusivamente» a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo por el delegado de Gobierno de Madrid. Y añade que estas decisiones se refieren «tanto a la toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento, en su condición de autoridad administrativa con unas competencias determinadas legalmente (...), todo ello en relación con la crisis sanitaria derivada de la Covid-19».

Finalmente, el auto concluye con una mención que podría tener efectos a corto plazo en el devenir del procedimiento más mediático de la crisis sanitaria. Defiende la magistrada que «la utilidad del informe forense es clara», ya que permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio. Además, añade que es importante para determinar desde cuando se tiene ese conocimiento del mismo. Un asunto que la juez considera «clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia», esto es, hubo prevaricación.

Pues bien, el forense de la causa, Julio Lorenzo Rego, concluyó este lunes en su documento judicial que la Delegación ya conocía desde el 28 de febrero el riesgo del coronavirus y la alta probabilidad de contagio en reuniones masivas. Es decir, seis días antes del inicio del periodo que abarca la investigación judicial (5-14 de marzo).