La Fiscalía se ratifica en la rebelión contra Junqueras, Forcadell y Jordis

29/05/2019

La Fiscalía ha ratificado en el juicio del procés su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y los Jordis.

No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación, ni la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.

Así lo ha anunciado Rosa Seoane, jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado -dependiente del Gobierno- ante el Tribunal Supremo al elevar sus conclusiones a definitivas, es decir, no ha modificado nada de su escrito en relación a los 12 acusados.

Una vez practicada toda la prueba, la representante de la Abogacía ha decidido seguir adelante con la sedición, un delito que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Es decir, a su juicio, no se produjo la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña en otoño de 2017, lo contrario a lo que opina la Fiscalía, que ha confirmado su acusación por rebelión.

Para la Abogacía, el juicio ha servido para ratificar los papeles de los acusados: en el primer lugar de responsabilidad sitúa a Junqueras, seguido de los cinco exconsellers en prisión dado su estatus de "autoridad" al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno" catalán.

Además de la pena de prisión, también pide para los seis la equivalente de inhabilitación, mientras que en el caso de los tres exconsellers en libertad, que no están acusados de sedición, la inhabilitación sería de 10 años.

También confiere condición de autoridad a Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación por sedición al comprender que la Mesa del Parlament "debía haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional", si bien "votaron sistemáticamente a favor".

Un escalón por debajo estarían el exlíder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quienes no atribuye el estatus de autoridad aunque sí considera que incurrieron en sedición y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.

Su papel, según la tesis de la Abogacía, habría sido el de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales".

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