La CE advierte que el Presupuesto español está en riesgo de incumplir normas

En concreto, el riesgo de incumplimiento deriva de que, según las previsiones macroeconómicas de Bruselas, España no cumplirá con el ajuste estructural -sin tener en cuenta factores ligados al ciclo económico- del 0,65% del PIB exigido (unos 7.600 millones de euros) y tampoco efectuará el ajuste del 0,4% (unos 4.700 millones) que prevé el Gobierno.

Bruselas cree, de hecho, que el balance estructural "permanecerá sin cambios", es decir, que no habrá ningún esfuerzo, lo que supone un "desvío significativo" con respecto a la senda marcada.

Las diferencias entre las cifras de la Comisión y el Ejecutivo español se deben a que la primera calcula que la recaudación será menor y los gastos mayores de lo que prevé el Gobierno.

Estima ingresos por el 0,4% del PIB y gastos del 0,3%, mientras que España calcula que sean del 0,6% y del 0,2% del PIB, respectivamente.

La Comisión cree, en concreto, que los ingresos por las medidas contra el fraude serán un 50% inferiores a lo previsto y los derivados de impuestos a las transacciones financieras y servicios digitales en torno a un tercio menores, según fuentes comunitarias.

También estima que el aumento de las cotizaciones por la subida del salario mínimo interprofesional será de unos 1.200 millones de euros, en lugar de 1.500 millones que estima el Gobierno.

Además, calcula un gasto mayor que el Ejecutivo por el copago farmacéutico y las medidas para el cuidado de los niños a nivel local, según las mismas fuentes.

En este contexto, la Comisión proyecta que el déficit nominal se reduzca al 2,7% este año, la misma cifra que prevé el Gobierno pero por encima del 2,2% recomendado por Bruselas, y que el año próximo caiga al 2,1%, tres décimas más de lo que espera España.

Pese a todo, España dejaría atrás la cota del 3% de déficit y saldría del brazo correctivo del procedimiento por déficit excesivo y pasaría a estar en el preventivo en 2019, donde estará obligada a cumplir con las normas de reducción de la deuda pública y de control del gasto.

En este sentido, Bruselas prevé que el país no respete las normas de reducción de deuda -que obligan a rebajarla un veinteavo cada año hasta reducirla al 60% del PIB-, ya que según las proyecciones del Gobierno el ratio bajará al 95,5% en 2019, y de acuerdo con las de Bruselas al 96,2%, en ambos casos un descenso insuficiente.

El aumento del gasto público nominal sería del 1,7%, por encima del 0,6% recomendado, añade la CE.

Por lo tanto, la Comisión "invita a las autoridades a tomar las medidas necesarias" para garantizar el cumplimiento de las normas y a "utilizar los vientos de cola para acelerar la reducción del ratio de deuda con respeto al PIB".

Además, el Ejecutivo comunitario ha insistido en que España le informe si al final este borrador no es el que va al Congreso, un escenario que podría darse puesto que el Gobierno de Pedro Sánchez aún sigue buscando los apoyos parlamentarios para aprobarlo.

"Hemos analizado el borrador de presupuesto como fue remitido por el Gobierno español, pero lo importante es que ahora este borrador sea enviado al Parlamento. Si al final hubiera diferencias sustanciales en el presupuesto, España debería remitir uno revisado", advirtió el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis.

Sánchez contempla ya la posibilidad de no conseguir el apoyo necesario y tener que prorrogar el de 2018 y funcionar con "retoques", en alusión a reales decretos.

En todo caso, el eurocomisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, señaló que los riesgos detectados en algunos presupuestos nacionales "no se han materializado" y no hay problemas especialmente preocupantes, en un intento de marcar diferencias con Italia, para la que pidió avanzar hacia un procedimiento sancionador.

Moscovici destacó, además, la "muy buena cooperación con las autoridades españolas"