El juez del Supremo ordena rastrear las llamadas del fiscal general en busca de la filtración

Tras conocerse, a partir de un informe de la Guardia Civil, el borrado de los mensajes del teléfono móvil del fiscal general y el cambio de terminal el pasado 23 de octubre, una semana después de que la Sala Segunda (Penal) del Supremo le abriese una causa, el juez ha abierto la puerta al rastreo de las llamadas de Álvaro García Ortiz desde los dos móviles que, teóricamente, usó en la fecha de los hechos investigados.

En concreto, Hurtado ha requerido a dos operadores de telefonía, Movistar y Vodafone, que le faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas por García Ortiz, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, es decir, los receptores de esas conversaciones. Además, reclama los paquetes de datos de las dos terminales así como la identificación del receptor y el emisor de los mismos números de teléfono. Todo ello entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, ambos días incluidos.

Se trata de un periodo de tiempo acotado a la investigación por la presunta filtración del correo reservado que envió la defensa de González Amador al fiscal de Madrid que le investiga por fraude fiscal, Julián Salto, en marzo del año pasado, en busca de un acuerdo extrajudicial.

En la misma resolución conocida este martes, el juez del Supremo reclama a la UCO de la Guardia Civil conocer si existe la posibilidad de recuperar el contenido de los mensajes de los móviles vinculados a García Ortiz. El magistrado quiere saber si los informáticos pueden rescatar las conversaciones de Whatsapp que se habrían borrado por la aplicación de un protocolo interno de seguridad en el Ministerio Público, según justificó en su momento la Fiscalía General.

La pasada semana se conoció que el investigado por un delito de revelación de secretos cambió de teléfono el 23 de octubre pasado. Esto es, una semana después de que la Sala Segunda le abriese una causa penal y siete días antes del registro de los agentes de su despacho profesional y la intervención de sus dispositivos electrónicos y los correos corporativos por orden del juez.

En otra resolución, el instructor rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es una de las acusaciones populares personadas en la causa, contra la decisión del magistrado de acotar la investigación a las citadas fechas. El motivo es que, inicialmente, Hurtado extendió el examen de las comunicaciones de García Ortiz cerca de ocho meses, entre el 8 de marzo y el 30 de octubre pasado, pero después rectificó por tratarse de un plazo «desproporcionado», tal y como se quejó la defensa del fiscal general.