Tres constructores niegan al juez el pago de mordidas a Cerdán por obra pública

Los tres aparecen junto a Fernando Merino, exdelegado de Acciona Construcciones en País Vasco y Navarra, y Antxon Alonso, administrador único de Servinabar (ambos declararán el próximo lunes), en el centro de la investigación por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio del pago de mordidas a los tres principales investigados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Pues bien, los tres comparecientes han negado a preguntas del juez y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón -la persona que abrió la puerta al ingreso en prisión el pasado lunes a quien fuera secretario de Organización del PSOE hasta hace tres semanas-, el pago de dinero a la trama para conseguir adjudicaciones de Transportes en la etapa de Ábalos (2018-2021) según han relatado fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios.

Por lo tanto, han desmentido la tesis acusatoria del juez y del fiscal de que Cerdán, como presunto líder de la red, era el receptor de estos «pagos de facilitación» para luego distribuirlos con José Luis Ábalos y Koldo García. Es más, ni el instructor Puente ni el fiscal Luzón han realizado preguntas a los empresarios sobre el papel de Cerdán o su supuesta interlocución con ellos para reclamarles dinero, según han detallado las fuentes consultadas.

Tras concluir las comparecencias, el fiscal ha pedido al juez que se impongan medidas cautelares menos gravosas que la de Cerdán. En concreto, para los hermanos Antonio y Daniel Fernández comparecencias quincenales ante el juzgado más cercano a sus domicilios y para José Ruz, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y las mismas comparecencias. El instructor ha aceptado estas solicitudes.

El grueso de las preguntas a los tres constructores versaron sobre los mensajes de móvil intercambiados con Koldo García por su interés en acceder a determinadas adjudicaciones. Además, en el caso de Ruz (Levantina) se le cuestionó por el contrato laboral que hizo una subcontrata de su empresa, Áridos Anfersa, a Patricia Uriz, exesposa de García, o por un trabajo que Koldo hizo para la compañía de Ruz como vigilante de seguridad de sus obras.

La mención más explícita a Santos Cerdán llegó cuando al dueño de Levantina le preguntaron por un mensaje a Koldo pidiéndole la posibilidad de "hablar con el navarro" porque no les daban obra pública en Transportes. Confirmó que el "navarro" era el exdirigente socialista, pero no entró en detalles, ni tampoco le repreguntaron juez y fiscal, sobre si la cita se consumó o sobre qué asuntos trataron.

"Quería hablar con Cerdán porque era la única persona que me faltaba por hablar; quería saber por qué pasé a ser el último en las adjudicaciones. Fue una persona de Acciona, Justo Vicente Pelegrini (exjefe de obras recientemente despedido), quien me avisó de que me habían puesto la quilla en el PSOE, por eso quise hablar con Cerdán", admitió Ruz.

Más peliaguda es una conversación con Koldo, incluida en el sumario, en la que ambos dialogan en clave, "el café y la cafetera", para referirse a los contratos. Ruz se desligó de cualquier irregularidad aunque sí admitió que su interlocutor le facilitó un teléfono encriptado para este tipo de conversaciones.

Del mismo modo, los hermanos Fernández (OPR) admitieron al juez que para estar en buen lugar para la concesión de adjudicaciones era necesario conocer no solo al entonces ministro Ábalos, a su director general de Carreteras, Javier Herreno, o a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, también a funcionarios clave de Transportes, de ahí que les hayan mencionado en sus conversaciones con Koldo.

En el cuadro de la investigación del 'caso Cerdán' están 11 contratos licitados por la Dirección General de Carreteras y ADIF, organismos dependientes de Transportes, entre 2018 y 2021, bajo la etapa de Ábalos. El volumen total de los contratos supera los 620 millones, de los cuales 530 están vinculados a trabajos de obra pública de Acciona en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras compañías. Los proyectos están localizados en Logroño, Sevilla, Sant Feliú de Llobregat, Murcia y Santiago el Mayor, un barrio de la capital murciana.

A estos hay que sumarle los tres entregados a Obras Públicas y Regadíos (OPR) para realizar una adaptación y modificación de carreteras en Asturias, Úbeda (Jaén) y Monforte (Lugo). En total, casi nueve millones de euros más investigados. Y, por último, también hay otras tres licitaciones bajo la lupa, en este caso vinculadas a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Son más de 78 millones el dinero adjudicado a esta empresa para hacer trabajos en las carreteras de Asturias, Teruel y una tercera a desarrollar entre La Rioja y Burgos, en esta ocasión adjudicaciones realizadas a través de la Dirección General de Carreteras.