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La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, pasea por Tolosa, su localidad natal. LOBO ALTUNA | Vídeo: Atlas

Sánchez asume la responsabilidad de la entrada de Gali a España «por cuestiones humanitarias»

Defiende que se actuó conforme a la ley, pero evita admitir si ordenó el ingreso clandestino del líder del Frente Polisario tras la imputación de la exministra González Laya

Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 22 de septiembre 2021, 12:13

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió este miércoles por vez primera la responsabilidad de la entrada clandestina del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España el pasado mes de abril para tratarse por coronavirus. Un asunto que investiga un juez de Zaragoza por presunta prevaricación administrativa al no cumplirse supuestamente las normas de control fronterizo e, incluso, utilizar una identidad falsa para pasar inadvertido en el hospital de Logroño donde estuvo ingresado durante 44 días.

En una rueda de prensa antes de su comparecencia en la Asamblea de la ONU de Nueva York, Sánchez aseguró que la entrada de Gali se hizo siguiendo una petición humanitaria, para salvar la vida de una persona y que se hizo «de acuerdo a la ley». Un argumentario que maneja el Gobierno desde que la causa instruida por el juez Rafael Lasala comenzara a coger vuelo y ya salpica a la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, investigada y pendiente de conocer la fecha de su declaración.

Sánchez añadió este miércoles que «hubo una petición humanitaria para salvar una vida a una persona que estaba a punto de morir», en referencia a que el líder del Polisario estaba muy grave por los efectos de la covid-19, y por ello fue hospitalizado en Logroño tras su llegada a la base aérea de Zaragoza. «El Gobierno de España hizo lo que debía, dar respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley», abundó, sin responder a la pregunta de si fue él quién dio la autorización final para que se produjera la acogida.

LA CLAVE:

  • Citada como invstigada. El juez de Zaragoza ha preguntado a la Abogacía si va a defender a la exministra González Laya

Esta circunstancia ha sido utilizada por el PP para pedir la identificación del «señor X» del caso y por lo que ya ha pedido la comparecencia de los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Exteriores, José Manuel Albares. Considera que el cese de González Laya buscaba «tapar un grandísimo escándalo».

Las palabras de Sánchez se producen después de que este miércoles se supiera que el titular del Juzgado de Instrucción siete de Zaragoza haya preguntado a la Abogacía del Estado si va a defender a la exministra, según un auto al que ha tenido acceso este periódico. El juez requiere además a los servicios jurídicos estatales, en el caso de que acepte la defensa, que remita el domicilio de González Laya a efectos de notificación. En caso contrario, anuncia que ya ha informado a la Policía para que envíe dicha dirección al no poder obtenerse a través del Punto Neutro Judicial.

Nuevas declaraciones

Para avanzar con las pesquisas y aclarar si hubo un delito de prevaricación en la entrada de Gali a la base de Zaragoza procedente de Argelia, el instructor ha citado como testigo el 4 de octubre al ex secretario general técnico de Exteriores, José María Muriel. Tanto la presencia de Muriel como de González Laya se produce como consecuencia de la comparecencia el 13 de septiembre del jefe de gabinete del ministerio, Camilo Villarino, que señaló a la exministra como la persona que ordenó la entrada de Gali. También implicó en el conocimiento del caso a la directora de gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta, Isabel Valldecabres. A Villarino, por cierto, lo defiende la Abogacía.

A raíz de tales afirmaciones, una de las acusaciones personadas envió un escrito al juzgado interesando la testifical de la propia Calvo por videoconferencia para descartar que conociera los pormenores de la entrada del líder del Frente Polisario.

Del mismo modo, el juez ha librado un oficio al departamento de Sirene España (Sistema de Información Schengen) para que le diga si cualquiera de los Estados miembros de la UE había insertado descripciones a efectos de detención o localización a fin de que conocer si Gali, de 72 años, tenía algún requerimiento en cualquier país de la zona Schengen. Esta diligencia pretende conocer si además de la supuesta entrada irregular del ciudadano español se pudo hacer caso omiso a cualquier advertencia sobre su situación procesal.

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