El juez García-Castellón se despide de la Audiencia Nacional por «jubilación forzosa»

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado precisamente este lunes la «jubilación forzosa» del togado después del acuerdo adoptado el pasado 20 de junio por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por el que se declaró el retiro por edad del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el anterior presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte.

Desde su juzgado, al que regresó en la primavera de 2017 con 65 años tras permanecer más de una década en el extranjero, nombrado por el Gobierno del PP como juez de enlace en París y Roma -dos de los puestos más atractivos de la carrera judicial, con estatus diplomático y emolumentos considerables-, ha sido el encargado de dirigir las investigaciones de casos como el de 'Tsunami Democràtic', 'Púnica', 'Lezo' o el denominado 'caso Villarejo', con la derivada del intento fallido de imputar a Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo por la llamada pieza Dina.

Sobre el primero, el pasado 9 de julio decidió archivar la causa por presunto terrorismo contra la plataforma tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalidó todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años. El motivo es que el juzgado prorrogó las diligencias fuera de plazo por 24 horas. Este borrón en el expediente laboral de García-Castellón, que no quiere que se le recuerde solo por este asunto -comentan fuentes de su entorno-, provocó no solo la supresión de la causa en su tribunal sino también en el Tribunal Supremo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, pendiente de la aplicación o no de la ley de amnistía.

Antes de esta decisión, la imputación de Puigdemont por terrorismo en un momento clave de las negociaciones de los socialistas con Junts para la investidura abonó la tesis de sus enemigos (sobre todo desde la izquierda y el independentismo) del intervencionismo de García-Castellón en la política del país. Pero hay matices.

También fue el instructor que en octubre de 2023 acordó la apertura de juicio oral contra el ex ministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y la cúpula policial de entonces por la denominada 'operación Kitchen', el dispositivo parapolicial puesto en marcha entre 2013 y 2015 supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero de los populares Luis Bárcenas material sensible relacionado con la investigación del 'caso Gürtel'.

Eso sí, en septiembre de 2022 se negó en redondo a investigar a Dolores de Cospedal en esta causa a pesar de los audios que apuntaban a que estaba al tanto de todo el operativo contra Bárcenas. Las versiones sobre su atribuida cercanía al PP se basan, sobre todo, en que García-Castellón se empeñó en regresar cuando en su juzgado habían estallado dos casos -'Púnica' en 2015 y 'Lezo' en 2016- que parecían comportar en aquellos años un riesgo para los populares como en su momento el sumario de 'Gürtel'.

Sobre 'Lezo', los movimientos más significativos del juez fueron el archivo, en mayo de 2019, de la investigación sobre Gallardón y sus consejeros por la compra de una empresa colombiana ruinosa por parte del Canal de Isabel II. En 'Púnica', la trama de tráfico de influencias que afecta a varias administraciones nacionales, sacó del caso en octubre del año pasado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El juez zanjó que no había pruebas de que fuera «conocedora» de la 'caja B' del PP madrileño.

Lo que no recuerdan tanto sus detractores es que este supuesto «infiltrado» del sector conservador en la judicatura, como le descalifican, abrió una investigación en España en 1997 contra Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad que acabó con la detención en Londres del dictador un año después. Un proceso en el que, ya en manos de Baltasar Garzón, se anduvo cerca de conseguir la extradición del dictador chileno.

También fue el magistrado que en los 90 ordenó encarcelar al banquero Mario Conde o el mismo que desmontó el emporio de Jesús Gil. Y el mismo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero galardonó con la Encomienda de Isabel la Católica por su trayectoria fue uno de los magistrados que con más ahínco persiguió a ETA desde su llegada a la Audiencia Nacional en 1995 hasta que en 2000 se marchó a París, donde siguió luchando contra los terroristas a base de llevar a las cotas más altas la colaboración judicial hispano-gala. En este capítulo se recuerda su instrucción por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco.