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Juan Carlos I dio este lunes un paso al lado para salvaguardar a la Corona de la investigación abierta sobre su fortuna amasada en Suiza y en paraísos fiscales y comunicó su alejamiento físico del Palacio de la Zarzuela. El padre de Felipe VI abandonó el que ha sido su hogar los últimos 58 años rumbo a un país extranjero pero mantendrá el título honorífico de rey, que le fue concedido por real decreto seis días antes de su abdicación en 2014, con carácter vitalicio y honores análogos al Príncipe de Asturias.
Don Juan Carlos se había mostrado contrario a renunciar voluntariamente a este título, que no conlleva ningún privilegio asociado, y el actual monarca no ha querido despojarlo del mismo como sí hizo con su hermana la infanta Cristina, a la que desposeyó del Ducado de Palma por su implicación en el 'caso Nóos', del que ella fue absuelta y su marido, Iñaki Urdangarin, condenado.
Una bala que, en todo caso, sigue estando en la récamara de don Felipe si finalmente el rey emérito tiene que sentarse en el banquillo y para la que necesitaría la intervención del Ejecutivo. Sería el Consejo de Ministros el que tendría en sus manos aprobar un nuevo decreto ley o modificar el aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el que se regulaba los honores y títulos de la Familia Real.
Desde diferentes ámbitos, incluido el Ejecutivo, se había instado a la Casa Real a que tomase medidas ejemplarizantes contra Juan Carlos de Borbón para blindar la figura de Felipe VI. La retirada del título honorífico y su expulsión de la Familia Real son dos de las opciones que han estado sobre la mesa del Rey. También se ha estudiado la posibilidad de acotar la Familia Real a los actuales monarcas y a sus hijas. Una decisión que afectaría a la reina Sofía, víctima colateral de los escándalos del rey emérito, como hace seis años le ocurrió a la infanta Elena cuando don Felipe decidió sacar de la foto de familia a sus hermanas, tras el escándalo del 'caso Nóos'.
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