Las cinco causas pendientes de la 'Gürtel'

El juicio oral por esta pieza de la trama Gürtell se reanudó el pasado 16 de junio. En ella se tratan de dilucidar los presuntos amaños de contratos para la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, aunque ya sin la presencia de uno de los principales acusados, el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que falleció el pasado 13 de abril por coronavirus. La Fiscalía Anticorrupción pide 38 años y tres meses de prisión para Correa y un año menos de cárcel para el que fuera su 'número dos', Pablo Crespo.

La fecha elegida para el inicio del juicio de la causa más mediática de la 'Gürtel' se ha señalado para el 8 de febrero de 2021. La Audiencia Nacional deberá dilucidar la existencia de presuntos pagos de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova con dinero de la caja B del PP y también de sobresueldos en negro a dsestacados miembros del partido.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran al PP responsable civil subsidiario de los delitos fiscales atribuidos a sus tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Pero el tribunal también examinará si se produjeron más delitos. El juez Pablo Ruz, primer instructor del caso, no pudo acreditar cohecho, la relación directa entre donativos y adjudicación de contratos. El juez José de la Mata, segundo instructor, reabrió la causa e investigó esta posibilidad.

La Audiencia Nacional juzgará en breve la corrupción en Boadilla del Monte (Madrid), en la que también se acusa al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama 'Gürtel'. La Fiscalía considera que el partido se benefició de 204.198 euros entre 2001 y 2009 y pide penas de 40 años de cárcel para el excaldalde Arturo González Panero, apodado 'el Albondiguilla', y de 76 años para Correa. Considera que los políticos acusados percibieron suntuosos pagos o regalos por favorecer a empresas de la red.

Esta pieza se centran en el supuesto cobro por parte de la empresa de Francisco Correa de la mayor comisión de toda la trama investigada: 25 millones de euros en concepto de intermediación de una operación urbanística en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Para llevar a cabo esta operación, el Ayuntamiento tuvo que recalificar, en enero de 2006, una enorme parcela en lo que se llamó el plan parcial de reforma interior de la Unidad de Ejecución 124. Una recalificación plagada de irregularidades que trata de esclarecer el juez De la Mata. Hay varios imputados, entre ellos el presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín.

La Audiencia Nacional rechazó en 2019 el recurso de apelación del expresidente valenciano, Francisco Camps, contra el auto del juez José de la Mata, que ordenó juzgarle por las adjudicaciones al entramado corrupto. Los magistrados afirman que hay «indicios suficientes» para su procesamiento, y recalcan que existen varios testigos que corroboran que Camps ordenó las contrataciones bajo sospecha.