Jueces y fiscales elevan la presión al Gobierno tras rechazar su oferta y mantienen la huelga

No obstante, las partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes a partir de las 11:30 de la mañana y existe optimismo para alcanzar un acuerdo. En cualquier caso, el paro indefinido no se ha desconvocado pese a la petición expresa de los representantes del Ejecutivo a las asociaciones de togados nada más comenzar la reunión de este miércoles en la sede del Ministerio de Justicia.

En detalle, los colectivos de jueces y fiscales defienden varios puntos comunes tras perder más de un 20% de poder adquisitivo en las dos últimas décadas y un 4,7% del salario base desde mayo 2010, tras el recorte del Gobierno del PP que sí recuperó el resto de funcionarios. Asimismo, plantean modificar el pago mínimo de las guardias o conseguir un compromiso político para reforzar las plantillas y las unidades judiciales con el fin de mitigar la sobrecarga laboral.

En España había unos 12 jueces por cada 100.000 habitantes en 2018 cuando la media europea es de 17,6, y en 2022 se ha reducido el ratio español a 11,2 por cada 100.000 habitantes (la plantilla actual se sitúa en unos 5.600 jueces y 2.700 fiscales). Además, la tasa de litigiosidad de nuestro país es una de las más elevadas de la UE: subió un 6,3% el pasado año pese a que ha disminuido el tiempo de resolución de los asuntos, con el consiguiente sobreesfuerzo que esto supone.

Tras un primer encuentro de tres horas esta mañana y dos horas más por la tarde, la «buena sintonía» entre los negociadores se consumó con este primer ofrecimiento económico del Gobierno de 44,5 millones. «Un primer paso», que no definitivo, para neutralizar la huelga indefinida y rebajar la conflictividad laboral, que pese a la huelga indefinida de la carrera judicial sigue en pie a la espera de la reunión del lunes, reiteraron las mismas fuentes.

Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que la reunión matutina «se ha desarrollado con muchísima normalidad», en un ambiente «afable» y «tranquilo», al tiempo que ha celebrado que estuviese presente la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez. «Estamos trabajando, compartiendo un diagnóstico sobre cómo está la Administración de Justicia y vamos a continuar», ha añadido Herreros, para luego recordar que «la Mesa de Retribuciones, de forma efectiva y con resultados, no se ha tenido nunca», por lo que llevan «una situación de parálisis de 20 años».

«Se ha hablado de lo propio de un foro como el que nos reúne en este momento, que es la mesa técnica de retribuciones: se está hablando de independencia judicial y de independencia económica (...) Poco más se puede adelantar», ha señalado Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en declaraciones a la prensa.

A la cita de este miércoles han acudido representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las asociaciones profesionales para, tal y como lo fija la ley, «facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal».

Por parte del CGPJ han participado los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya para proponer actualizar los salarios de los jueces. Así, se han alineado con el criterio de tres de las cuatro asociaciones judiciales que han formalizado ya la convocatoria de huelga indefinida ante «la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable» debido a «la pérdida de poder adquisitivo» que dicen arrastrar desde 2009.

Cabe recordar que, en un principio, la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) indicaron que compartían el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el «estancamiento actual» del sistema judicial, pero se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar «oportuno» esperar a la reunión de este miércoles.

Muchos son los motivos que les llevan a colgar las togas, pero el principal es el incumplimiento la ley de retribuciones de 2003. Esta norma se aprobó para regular el sistema retributivo de los jueces, que no pueden por ley estar sindicados, y estableció que cada cinco años se reuniría para examinar los salarios. En 2008 hubo un amago de acuerdo que saltó por los aires por la crisis financiera y que, además, vino acompañado de una reducción de sus sueldos del 9,5%. La llegada del gobierno de Mariano Rajoy tampoco propició cambio alguno y bajo el mandato de Pedro Sánchez las cosas no han mejorado. En 2018 hubo meses de conversaciones pero sin avances y ya en octubre de 2022 se señaló la Mesa de Retribuciones pero a los pocos días se desconvocó.

Pasaron los meses y, al final, fueron las protestas iniciadas a finales de febrero por los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) quienes abrieron la puerta al resto de colectivos. Más si cabe tras el acuerdo alcanzado casi dos meses después con el ministerio dirigido por Pilar Llop tras acordar una subida de sueldo por nómina de unos 420 euros. De forma posterior se manifestaron los funcionarios de Justicia y los abogados del turno de oficio.