Villarejo. / Archivo

La Fiscalía rechaza proteger al inspector que denunció la corrupción policial

El querellante pidió la aplicación de la directiva europea que acaba de incorporar el Gobierno ante las retriscciones de la investigación a Villarejo

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

La Fiscalía de Madrid ha hecho caso omiso a la petición del inspector que dirigió la investigación del 'caso del pequeño Nicolás' para aplicar la directiva europea que protege a los denunciantes de corrupción, traspuesta al ordenamiento nacional en diciembre pasado tras dos años de retraso. El rechazo del Ministerio Público se produce en la causa abierta contra la anterior cúpula policial, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid desde febrero de 2021.

El inspector Rubén López, quien fuera jefe de Grupo IX en la Unidad de Asuntos Internos, se querelló contra ocho mandos –entre ellos el director general de la Policía con el PP Germán López o el director adjunto operativo Eugenio Pino– por orquestar una supuesta campaña de desprestigio y boicotear el trabajo de su equipo tras destapar los negocios de José Manuel Villarejo a partir de 2015, dos años y medio antes de que fuera detenido en la 'operación Tándem'.

El querellante recogió en sus informes del 'caso Nicolás' estos hechos y mencionó la vinculación de otros responsables policiales con las actividades privadas de Villarejo, caso del presunto encubrimiento del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que elaboró un informe interno que avala la compatibilidad de las sociedades del comisario.

Por todo ello, López fue presuntamente coaccionado por sus superiores para detener las pesquisas, tal y como recoge la querella interpuesta en septiembre de 2018 –ampliada en marzo de 2020– que ordenó investigar la Audiencia Provincial de Madrid tras el rechazo inicial de la juez instructora, Josefa Bustos.

El asunto no se quedó ahí, ya que el grupo investigador fue apartado tras el cambio de magistrado en el Juzgado de Instrucción número dos de Madrid, donde se sigue el 'caso Nicolás'. Incluso la hoy titular del órgano, Pilar Martínez Gamo, les llegó a imputar en 2017 por retardo malicioso. Tras esta decisión el inspector fue degradado y pasó a custodiar calabozos en una comisaría. Parecida suerte sufrieron los otros seis agentes que durante tres años formaron parte de la comisión judicial que destapó las llamadas cloacas policiales.

Pasividad judicial

Pese al mandamiento de la Audiencia para que la juez Bustos examinara los hechos de la querella, esta ha restringido los interrogatorios a los denunciados, no ha dejado preguntar por cuestiones de otros procedimientos que se solapan con esta causa, sobre todo del 'caso Villarejo', y ha rechazado incorporar elementos de prueba tan relevantes como las agendas personales intervenidas al comisario jubilado.

Estas anotaciones, según adelantó este periódico en febrero de 2021, reflejan los seguimientos que se hicieron al menos desde 2016 al grupo del inspector López e, incluso, al primer juez del 'caso Nicolás', Arturo Zamarriego. El objetivo era claro: torpedear las pesquisas y buscar el archivo del procedimiento.

Pues bien, a la actitud de la juez se suma la pasividad de la fiscal del caso, Cristina Jiménez Casso, para no desentrañar los graves hechos denunciados. La última decisión ha sido rechazar la declaración de 19 testigos y pedir el archivo para la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, desde cuyo medio 'Información Sensible' se calumnió presuntamente al inspector, y para un periodista del digital 'Infolibre' por «orquestar una campaña difamatoria» contra él.

La fiscal justifica que no se ha delimitado la responsabilidad individual de los querellados «en base a unos indicios suficientes». Ello pese a que la Audiencia de Madrid no tuvo ninguna dificultad en entender qué delitos se imputan y contra quién. Asimismo, rechaza la solicitud de la prueba testifical sin aparente motivación, pese a que la defensa del inspector le recuerda que ya está en vigor la citada directiva europea que protege a los denunciantes de corrupción.

Esta normativa persigue el acoso y las represalias contra estas personas y será reforzada en un anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 4 de marzo. Además, supone que se invierte la carga de la prueba –el querellado tiene que demostrar su inocencia– y garantiza la investigación de todos los actos que puedan ser objeto de represalia contra quien denuncia.

En el caso del inspector López, la fiscal Jiménez obvia que el objeto de la querella es precisamente la investigación de una trama de corrupción policial y que los agentes han sido perseguidos y defenestrados por sus superiores. Por lo tanto, niega la condición especial del denunciante y avanza el próximo archivo de la causa en línea con la postura de la juez.