La Fiscalía pide investigar hasta el final las torturas policiales a un sindicalista en el franquismo

La Fiscalía de Barcelona ha actuado en coordinación con la nueva unidad de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a cargo de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, que emitió un informe a favor de recurrir la inadmisión amparándose en la letra de la nueva Ley de Memoria Democrática (LMD). Esta norma establece la obligación del Estado de investigar para satisfacer el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva, en el marco de la llamada justicia restaurativa, según han explicado este miércoles fuentes fiscales.

El Ministerio Público ha explicado que esta inadmisión sin siquiera investigar «resulta prematura, puesto que, tras la entrada en vigor de la LMD, no cabe el rechazo de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento».

La Fiscalía recuerda, además, que la doctrina jurisprudencial alegada en el auto recurrido corresponde a un marco jurídico anterior a la LMD. Ahora, añade, se trata de aplicar «el derecho a la justicia integradora» y «una interpretación con enfoque de Derechos Humanos y respetuosa con los principios vertebradores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Tratados y Convenios sobre la materia».

Cabe recordar que esta fue la primera querella presentada después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática hace un año, por la que se creó la plaza de fiscal de sala especializado en esta materia y en Derechos Humanos, cargo que ocupa Dolores Delgado.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), una de las entidades que apoya a Vallejo, representante de Comisiones Obreros en los años 70 en la SEAT, destacó asimismo que a raíz de este caso la Fiscalía se posicionó por primera vez a favor de la admisión a trámite de una querella por los crímenes del franquismo.

El escrito, presentado con el apoyo de los colectivos culturales Irídia y Òmnium en el marco de la campaña 'Vía Laietana 43', se dirigía contra seis agentes de la Brigada Político Social por sus presuntas agresiones a Vallejo, «en un contexto de tortura y maltratos generalizados y sistemáticos contra una parte de la población».

La campaña defiende que esta querella «tiene un fuerte componente simbólico para la lucha memorialista de la ciudad de Barcelona, ya que las torturas se produjeron en la Prefectura de Vía Laietana, que es uno de los símbolos más emblemáticos de la topografía del terror de la ciudad, definida por el propio afectado como 'el agujero negro de la represión franquista'».

Para Vallejo, estos hechos constituían un crimen de lesa humanidad en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero la titular de dicho juzgado inadmitió la querella al considerar, por contra, que no puede enmarcarse en esta categoría, apuntando además que el presunto delito estaría amparado por la Ley de Amnistía de 1977 y, en todo caso, prescrito. Tal y como avanzó el Tribunal Supremo en la causa de los crímenes del franquismo en la que fue investigado el juez y ahora abogado Baltasar Garzón.

'Via Laietana 43' entendió que esta decisión «supone un paso atrás para la Justicia en el Estado español», contraponiéndola a «los últimos precedentes positivos, entre los cuales se cuenta la admisión a trámite y el inicio de las investigaciones de la querella de Julio Pacheco por hechos similares en Madrid».

Las entidades que conforman la campaña denuncian que «la negativa a investigar los crímenes del franquismo supone una vulneración del derecho a la verdad, la justicia y la reparación», así como «la continuidad y permisibilidad del modelo de impunidad basado en el silencio y el olvido aún vigente en el Estado español».

En este sentido, indican que «la querella de Carles se une a una lista de más de 100 denuncias inadmitidas», si bien avanzan que «continuarán insistiendo en que el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes del franquismo debe llevarse a cabo en los tribunales y que éstos deben interpretar las leyes de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». De momento, en el caso de este sindicalista de 72 años la pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Provincial de Barcelona.