El fiscal del Alvia justifica que «se confunden las causas con las consecuencias» del accidente

En unas consideraciones previas al inicio de la exposición de su informe, Piñeiro ha advertido de que con esta tragedia, en la que fallecieron 80 personas y 145 resultaron heridas, «se confunden las causas con las consecuencias» al referirse sobre «cómo se podía haber evitado el accidente». Y en esta reflexión es donde Piñeiro concluye que Cortabitarte, exjefe de Seguridad de la Circulación de Adif, actuó conforme a la normativa imperante entonces tanto en España como en Europa y, por lo tanto, no tuvo responsabilidad en el siniestro.

Para el fiscal, hay que situarse en el momento «anterior» al descarrilamiento del Alvia, en la curva de A Grandeira, en un tramo sin el sistema de seguridad ERTMS en el que el maquinista, que atendió una llamada del interventor a su móvil corporativo, tenía que pasar de 200 a 80 kilómetros por hora y no lo hizo. Así, Francisco Garzón es la el Ministerio Pública, el garante de la legalidad, el único acusado por 80 homicidios imprudentes y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave. En total, reclama para él cuatro años de prisión.

Las acusaciones populares, que ejercen la plataforma de víctimas y la asociación de perjudicados Apafas, elevaron también a definitivas sus peticiones. Y en ambos casos sí mantienen también los cuatro años de prisión a Cortabitarte por su responsabilidad en el análisis de riesgos de esta línea.

En suma, la Fiscalía ha modificado por completo las conclusiones tras celebrarse las fases testifical y documental del juicio. De advertir en su informe provisional que «el trágico accidente no habría sucedido» si el máximo responsable de Seguridad en la Circulación de Adif «hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad» que existía en ese punto de la línea, en la que no estaba implantado el sistema de frenado automático, a anunciar ahora lo siguiente: «No infringió el deber que ostentaba y actuó de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión» de Adif, aprobado por la autoridad nacional y con una metodología «basada en normativa europea».

De este modo, según el nuevo relato de Fiscalía, la línea Ourense-Santiago de alta velocidad, en la que un Alvia descarriló en un tramo sin el sistema de seguridad ERTMS por un cambio de proyecto, «fue diseñada de acuerdo con las normas técnicas» y acorde a los «códigos prácticos» de Adif. Consideró el fiscal jefe Piñeiro que se realizó «un análisis de riesgos que requiere un dossier que analizó la seguridad» de la línea y que «los riesgos se estimaron tolerables».

De hecho, asume argumentos de la Abogacía del Estado al resaltar que «en otras líneas se circula a 200 km/h con el sistema ASFA (...) y la fuente de riesgo, el cambio significativo de velocidad, no fue identificado como factor de riesgo con anterioridad a este accidente y posteriormente se identificaron otros 400 puntos en toda la línea de la red general». De este modo, el fiscal jefe también ha retirado la acción civil contra Allianz, la aseguradora de Adif.

Sobre el maquinista Garzón, mantiene el fiscal que su actuación fue «una imprudencia grave, sin la menor duda». «Este accidente se explica causalmente a mi modo de ver por su comportamiento. Sin esta llamada (del interventor a su teléfono corporativo antes de entrar en la curva) no se explica. Se pusieron a hablar sin más, a hablar, a hablar, a hablar... sin sentido», ha llegado a asegurar sobre la comunicación entre al maquinista y el interventor, que se interesaban por la llegada a la estación de Pontedeume para facilitar la bajada de una familia de viajeros.