El etarra 'Kubati' admite en la Audiencia Nacional que los 'ongi etorris' humillaban a las víctimas
A cambio de no cumplir pena, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que antes del juicio pedía 5 años de cárcel
Jesús J. Hernández
Lunes, 23 de junio 2025, 11:11
El exmiembro de ETA José Antonio López Ruiz, 'Kubati', ha reconocido este lunes en la Audiencia Nacional que los 'ongi etorris' humillaban a las víctimas. ... También ha admitido, según un comunicado de la AVT, que «desde el año 2016 y tras el procedimiento judicial seguido contra las Gestoras Pro Amnistía y sus sucesoras, las cuestiones relacionadas sobre el colectivo de presos pasaron a ser competencia de Sortu, partido integrado en EH Bildu».
Durante el juicio contra él y otros cinco personas vinculadas a la dinámica 'Kalera Kalera', 'Kubati' ha reconocido su «responsabilidad» en la organización de 120 'ongi etorris' entre los años 2016 y 2020. El exmiembro de ETA reconoce que «estos actos generaron dolor y suponen una humillación para las víctimas del terrorismo», según recalca la AVT. Los acusados han admitido que los hechos son contrarios a la legalidad y que constituyen un delito de constitución y dirección de organización criminal y un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo.
Los seis acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones -ejercidas por la AVT, Dignidad y Justicia y el PP- durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, reconociendo su participación en los hechos. Así, han sido condenados, en sentencia firme, a un año y medio de prisión por el delito de constitución y dirección de organización criminal, a seis meses por el delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento, y a 1.800 euros de multa. El acuerdo implica la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión por haber reconocido los hechos, la reparación a las víctimas del terrorismo y la garantía de no repetición.
Además de 'Kubati', en el banquillo de los acusados se han sentado Oihana Garmendia Marín, Haymar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain, Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro.
Tendrán una «inhabilitación absoluta y especial para ejercer profesiones u oficios educativos durante un período de tres años superior al de la pena privativa de libertad» y se comprometen a «no participar en homenajes, reconocimientos o actos de reivindicación a favor de miembros de ETA o de su colectivo de presos por razón de sus acciones o militancia».
Sortu ha hecho público este lunes un comunicado donde defiende que los procesados «han apostado por blindar el proceso de resolución de las consecuenccias del conflicto» y lo ven como «una muestra más del compromiso para construir la convivencia». Aseguran desde la formación integrante de EH Bildu que «con esta causa anacrónica se ha buscado un retroceso tanto en derechos civiles y políticos como en principios democráticos básicos, intentando llevar Euskal Herria al pasado otra vez más».
«Abandono»
En su escrito de acusación previo al juicio, el Ministerio Público solicitaba imponer 3 años y 6 meses de prisión a los acusados por el de constitución y dirección de organización criminal y 2 años y 1 mes de cárcel por el de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento.
El fiscal Carlos Berro -cuenta 'El Correo'- señalaba que «entre los años 2016 y 2020 la denominada dinámica 'Kalera Kalera' dirigida por los acusados se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática 'ongi etorris' y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España y de su fallecimiento». Para el Ministerio Público, «la organización reiterada y sistemática de tales actos de indudable contenido laudatorio a todos y cada uno de los miembros de la banda terrorista ETA produjo una constante humillación a las víctimas y un impacto psicológico negativo en las víctimas del terrorismo».
«También generaron en las víctimas un sentimiento de abandono muy elevado ante este tipo de actos, especialmente las víctimas que residían en el País Vasco o que han vivido allí durante años. Además, estos homenajes influyeron negativamente en la vida diaria e interferían en la recuperación psicológica de las víctimas», añadía el fiscal para sumar que, en definitiva, sufrieron «un proceso de revictimización prolongando de forma humillante el sufrimiento de las mismas».
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