España interviene en la causa por genocidio contra Israel en el Tribunal de la ONU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha comparecido esta mañana de manera urgente para anunciar que España, «tras semanas de debate», secunda la investigación de la corte transnacional para hacer acopio de pruebas en la investigación sobre la vulneración de derechos humanos en Gaza, donde han fallecido más de 36.000 civiles desde que el Ejército israelí comenzó su ofensiva en respuesta al brutal ataque del grupo terrorista Hamas en suelo hebreo el 7 de octubre pasado, que dejó unos 1.200 fallecidos y 251 personas fueron tomadas como rehenes.

La decisión del Ejecutivo conlleva también reafirmar «en todo momento» su apoyo a un alto el fuego, a la liberación de todos los rehenes que aún permanecen en manos de Hamas y el aumento de la ayuda humanitaria que lleve a una paz duradera en Oriente Medio.

«Nuestro único objetivo es poner fin a la guerra. Observamos con enorme preocupación la extensión regional del conflicto. Nuestro compromiso es doble: que la paz regrese a Oriente Medio y para ello es urgente que todos apoyemos al tribunal. Lo hacemos también por compromiso con el derecho internacional en nuestro deseo de fortalecer a las Naciones Unidas para apoyar el papel de la corte como el máximo órgano judicial del sistema», recalcó Albares tras mostrar su respaldo a la llamada »propuesta de Biden« para el cese inmediato de la violencia armada en Gaza. Un guiño a alianza con Estados Unidos, país que el ministro visitó recientemente.

El respaldo a la demanda inicial de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por la presunta violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, llega por el incumplimiento del Gobierno de Benjamin Netanyahu de las medidas cautelares decretadas por el órgano. «Hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse», ha explicado Albares en rueda de prensa.

No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza supone un genocidio, incidiendo una vez más que esa conclusión le corresponde a la corte internacional y en que el Gobierno «la respaldará, sea cuál sea, cuando se produzca».

«Poco importa mi opinión personal, el ministro no está para dar sus opiniones personales», ha esgrimido Albares, subrayando que «la opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda», como ya hizo también en la formulada por Ucrania contra Rusia tras la invasión militar de febrero de 2022. «Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada», ha puntualizado el titular de Exteriores.

Sudáfrica solicitó el pasado diciembre al tribunal de la ONU que abriera un procedimiento contra Israel por «conducta genocida». La convención de 1948 obliga a los países a prevenirlo y contempla la competencia en estos la competencia de esta corte para resolver litigios entre Estados. Tras la solicitud del país africano se han sumado a la demanda, antes que España, Nicaragua, Colombia, Libia y México. Además, tienen la intención de intervenir Maldivas, Egipto, Turquía, Irlanda y Bélgica, que aún no lo han formalizado.

Tanto Sudáfrica como Israel —y el resto de países contemplados hasta ahora en este caso— han firmado la Convención sobre el Genocidio. En todo caso, el Estado hebreo niega estar cometiendo «actos genocidas» en Gaza y rechaza la competencia del CIJ en este litigio.

Aunque la resolución final del caso de Sudáfrica podría tardar años, en una fase preliminar la corte decretó el pasado 26 de enero medidas cautelares contra Tel Aviv y le exigió llevar a cabo pasos «inmediatos y efectivos» que impidan un genocidio en Gaza. También indicó que debía «permitir la prestación de los servicios básicos» y la asistencia humanitaria en la franja, así como «impedir la destrucción y garantizar la preservación» de pruebas que pudieran ser utilizadas en una investigación. Sin embargo, no reclamó a Israel el «alto el fuego» que había solicitado Sudáfrica.

El anuncio este jueves del Ejecutivo español ha sido recibido con satisfacción por el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, quien ha destacado desde Alicante que «España está actuando de una forma coherente con sus principios, con sus valores, que son los supuestos principios y valores de toda la humanidad frente a aquellos que se jactan de ser custodios de la democracia, de los derechos humanos y del Derecho Internacional pero luego, lamentablemente, ni actúan ni cumplen».

En otro procedimiento paralelo que lleva la Corte Penal Internacional (CPI), órgano con sede en La Haya del que no forma parte Israel, su fiscal jefe, Karim Khan, solicitó el pasado 21 de mayo una orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa, Joav Galant, por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. El fiscal también solicitó órdenes de arresto contra el jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, el jefe líder político exiliado en Qatar, Ismail Haniya, y contra el segundo de Sinwar, Mohamed Deif, en relación con los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.

La Corte Penal Internacional solo investiga a individuos, y sólo actúa si una persona es sospechosa de ser responsable de uno de los cuatro crímenes principales: genocidio, crímenes de guerra graves, crímenes contra la humanidad o una guerra de agresión.