Don Juan Carlos y Corinna Larsen, en 2006. / Archivo/Vídeo: Atlas

El rey emérito se refugia en la Casa Real para esquivar a Corinna

Un juez inglés decidirá si los tribunales de Londres pueden juzgar el supuesto acoso a la examante de Juan Carlos

IÑIGO GURRUCHAGA Londres

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, publicará en los próximos días el veredicto sobre la competencia de su corte para juzgar la demanda por acoso de Corinna Larsen contra el rey emérito. Si la sentencia es favorable a su competencia, el Tribunal citará a Juan Carlos de Borbón para responder a las acusaciones de su examante.

La evolución del caso depende de la interpretación que el juez Nicklin haga de las ley de Inmunidad Estatal, vigente en el Reino Unido desde 1978, y de la que regula los privilegios diplomáticos, basada en la Convención de Viena. Esas leyes articulan la protección de las autoridades de otro Estado a ser juzgadas en los tribunales del país.

El abogado de Juan Carlos, Daniel Bethlehem, ha añadido a los argumentos sobre la inmunidad un fragmento del Tratado de Utrech de 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión, y en el que las dos partes se comprometían a no destruir a la otra ni a colaborar con terceros para lograr el mismo fin. Ese punto ha llamado la atención de la prensa de Londres, porque el Tratado certificó la soberanía británica en el Peñón de Gibraltar.

Un aspecto relevante en la decisión de juez será si el rey emérito es aún miembro de la Casa Real. La posición oficial del emérito en las fechas en las que se centra la demanda ha sido subrayada en las vistas. Los abogados de la demandante alegan que los actos de acoso se sucedieron hasta 2019. El exmonarca dimitió en 2014. La inmunidad absoluta del soberano podría cambiar tras su renuncia.

Inmunidad y renuncia

Las leyes inglesas dan inmunidad a los jefes de Estado y a sus familias, y no anotan ninguna excepción, pero cuando se refieren a las autoridades de otro Estado de manera genérica, puntualizan que tienen inmunidad cuando ejercen sus funciones oficiales. La protección de diplomáticos, que incluye un artículo sobre Jefes de Estado, los excluye de la jurisdicción civil o penal.

Larsen acudió el martes a la segunda vista. Reclama una indemnización por el acoso que habría sufrido por Juan Carlos y agentes del Estado español, que le habrían afectado en la reputación y en la salud. En su relato, directivos y miembros del Centro Nacional de Inteligencia(CNI), habrían intentado intimidarla desde 2012 para que desistiera de causar daño al entonces monarca.

Bethlehem argumentó que el emérito tiene inmunidad por la protección de las leyes citadas, y además porque los supuestos acosos -que los abogados de Juan Carlos niegan, se habrían perpetrado contra una ciudadana danesa y en lugares- Mónaco, Suiza, Austria, Estados Unidos, Tahití,...- en los que la justicia inglesa no puede intervenir.

El abogado de Larsen, Jonathan Kaplan, ha presentado una declaración de su cliente en la que afirma que el rey émerito ya inició un hostigamiento hacia su persona cuando era monarca. Habría coincidido con la no devolución de unos 60 millones de euros que el rey español le habría entregado. Y afirma que luego fue acosada por el entonces jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, y otros agentes, que habrían organizado «seguimiento ilegales», y le habrían amenazado con matarla.